*Habría repercusiones directamente para el ciudadano, advierte México Evalúa
La organización México Evalúa destacó la urgencia de profesionalizar a la Policía Federal (PF) para evitar que descomponga, tal y como está sucediendo con el país, al participar en la conferencia “La Policía Federal ¿Qué es y cómo lo hace?, que impartió su titular Manelich Castilla; la presidenta de la organización,
, quien destacó que la institución policiaca trabaja en una estrategia de seguridad que no ha cambiado y que ya "dio de sí", por lo que es necesario replantearla.
“Para mí es el momento decisivo para la PF, si la llevamos a un estadio de profesionalización que realmente la convierta en el cuerpo policiaco que los mexicanos merecemos o si se nos empieza a descomponer como se nos está descomponiendo el país”.
Edna Jaime cuestionó a Castilla Cravioto por qué si se han destinado recursos millonarios a la corporación existe un repunte de delitos de alto impacto como el homicidio doloso.
Del mismo modo, señaló que el abuso de la fuerza es uno de los puntos más vulnerables de la PF, y citó como ejemplo el caso Tanhuato y destacó que eventos de esta naturaleza no se pueden dejar pasar por alto, pues en caso contrario tendrán repercusiones para los ciudadanos.
“Si pasáramos por alto violaciones graves a los derechos humanos, no tengo duda que estos cuerpos se descompondrían y con repercusiones directamente para el ciudadano. Yo creo que es el momento de plantear el parteaguas para la PF, yo creo que hay que, todo aquel que esté señalado por violar hacer un uso abusivo de la fuerza tiene que ser llevado a la justicia”.
En su oportunidad, Fernando Nieto, miembro del Colegio de México, destacó que el 43 por ciento de los ciudadanos desconfía en la PF, por lo que es necesario que cuiden sus procedimientos.
INICIATIVA DEL PAN
En tanto, el PAN en el Senado presentó una iniciativa que mandata a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a participar en los operativos de desalojo que realicen las fuerzas federales en casos como los de Nochixtlán donde perdieron la vida al menos 8 personas derivado del desalojo que realizó la policía Federal en esa carretera.
La iniciativa plantea reformar el artículo 10 la Ley de la Policía Federal, para que esta corporación tenga la obligación de notificarle a la CNDH sobre operativos de esa naturaleza y faculta a la Comisión para acompañar a los elementos policiacos en esa clase de operativos.
“Debemos buscar que la actuación de las fuerzas policiales evite incurrir en actos arbitrarios, sin que ello signifique que claudiquen en su deber de mantener el orden; necesitamos instituciones policiales fuertes, eficaces, pero que se conduzcan adecuadamente; no queremos instituciones que cometan abusos, pero tampoco queremos que sean inoperantes por temor a ser señaladas”, explicó la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Mariana Gómez del Campo
La panista detalló que tras los hechos desafortunados del 19 de junio en Nochixtlán, Oaxaca, donde se dio un enfrentamiento entre policías y profesores que protestaban por la reforma educativa, es necesario modificar la manera en la que se desarrolla la intervención de las fuerzas del orden.
“Buscamos que en cualquier intervención de esta índole exista un énfasis en la prevención de hechos que podrían constituirse como violaciones a derechos humanos, y no sólo se actúe de manera reactiva una vez que se cometió alguna clase de abuso”, indicó
Gómez del Campo recalcó que con esta iniciativa se busca se busca que no se repitan hechos como los de Nochixtlán y que la actuación de los elementos policiales se profesionalice.
“Queremos que un actor como la CNDH dé fe y certeza de la actuación de la policía en este tipo de operativos, que proteja a los ciudadanos, garantice el cumplimiento de protocolos y coadyuve al fortalecimiento de nuestras instituciones, evitando señalamientos equivocados o linchamientos mediáticos”, afirmó.
La iniciativa, firmada también otros senadores del PAN, PRI y PRD, se turnó a las comisiones de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis y dictaminación.
MANDO MIXTO
Por su parte, el vicecoordinador de los diputados del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, pidió a los grupos parlamentarios a avanzar en el tema del mando mixto de la policía en estados y municipios, y definir los esquemas de seguridad y coordinación.
Consideró que “es urgente definir el tema de la coordinación y la actuación de las policías en México”.
“Les hago un llamado a los diferentes grupos parlamentarios a actuar con responsabilidad, con celeridad y sin renta electoral”, estableció.
En entrevista, aclaró que el mando mixto siempre ha sido un tema político para los partidos de oposición, pero tienen que darse cuenta que es un asunto que no puede depender de la renta política y debe ser tratado con urgencia, porque es una cuestión de seguridad nacional.
“Siempre ha habido política en el país y los partidos siempre hemos tratado de tener una postura que nos resulte electoralmente favorable, pero hay temas, como este de la seguridad, que no puede haber renta política, aquí tenemos que resolverlo y pensando en que son nuestros hijos, vecinos, nuestros paisanos los que están corriendo este riesgo”, aseveró.
Cuestionado sobre la presunta participación de la policía de Sinaloa en la emboscada que sufrió un convoy militar en Culiacán el pasado 30 de septiembre, el legislador priista externo que ya no es un tema de coordinación, sino de infiltración, de penetración de la delincuencia organizada y eso no se puede permitir.
Insistió en que “es indispensable que se tome una decisión de cómo vamos a trabajar el tema de la seguridad coordinando policías estatales, municipales y las fuerzas federales”.
Advirtió que de no concretarse el mando mixto se corre el riesgo de continuar “teniendo armas de alto poder, cámaras de seguridad, centros de inteligencia, patrullas de último nivel, pero para proteger secuestradores, envíos de drogas, ejércitos de narcotraficantes”.
Por otra parte, señaló la necesidad de que el Gobierno federal establezca un mecanismo de control, para verificar dónde se cumplen o no sus disposiciones de seguridad en Veracruz, ante el clima de violencia que se vive en esa entidad.
“Este mecanismo es indispensable para que el Gobierno federal pueda tener la ocasión de revisar qué está fallando, quiénes están fallando, dónde necesitamos insistir más y de alguna manera se ha pensado en este mecanismo junto con la autoridades veracruzanas”, acotó.
Cuestionado sobre los cuatro jóvenes recientemente asesinados en Boca del Río, Veracruz, puntualizó que la erradicación de la violencia en la entidad no debe distinguir a delincuentes o a inocentes, debe ser para todos, no debe haber violencia.
“Independientemente de que se trate de personas ligadas a grupos delincuenciales, lo que quisiéramos es que tuvieran un proceso legal y no que aparecieran muertos o que fueran levantados o que estuvieran sujetos junto con los que no tienen nada que ver con cuestiones ilegales, a la tensión de vivir en medio de la violencia”, aseveró.
Ramírez Marín insistió que “es el Estado el que tiene que ejercer la violencia legal, es decir, no levantar sino detener a los que sean culpables de algún delito, y no aparecer maniatados o muertos, sino ser sujetos a un juicio como un país civilizado”.