Las recientes reformas constitucionales han comenzado a abrir el sector energético de México y a medida que se implementan se debe considerar la mejor manera de priorizar el uso del agua, sugirió un estudio del Centro México del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice en Houston.
El estudio forma parte de un proyecto de investigación del Centro México que examina el estado de derecho y los retos que plantea implementar la reforma energética en ese país.
Las conclusiones del proyecto se recopilan en un libro editado en español y que también se publicará en inglés en el sitio de internet del Instituto Baker.
“A medida que el gobierno mexicano supervisa la reforma energética, debe considerar la mejor manera de priorizar el uso del agua de acuerdo con la ley y asignar los suministros cuidadosamente”, apuntó el estudio “Conflictos que se avecinan, prioridades de la reforma energética y el derecho humano de acceso al agua en México”.
“Mejorar los procesos de participación pública y facilitar el uso de suministros alternativos a través de avances en tecnología son pasos importantes para disminuir o evitar conflictos sobre el suministro de agua en el país”, señalaron los autores del documento.
Entre estos destacan el abogado y exdiplomático Alejandro Posadas y Regina Buono, del Centro de Estudios de Energía del Instituto Baker.
El documento ofrece recomendaciones para iniciativas legales y políticas que ayudan a aliviar las posibles tensiones a medida que aumenta la producción de energía en México.
“Las reformas -indicaron- están dirigidas, en parte, a facilitar el acceso a grandes cantidades de gas de esquisto técnicamente recuperable a través de esfuerzos de recuperación no convencionales, una empresa masiva y costosa que requerirá el uso de grandes volúmenes de agua en una región del país donde el agua ya es escasa”.
“Las nuevas leyes energéticas priorizan el desarrollo energético, imponiendo a los propietarios de tierras la obligación de cooperar con las empresas que intentan desarrollar el recurso”, indicó el estudio.
La Administración de Información de Energía de Estados Unidos estima que 545 billones de pies cúbicos de gas subyacen en México.
La mayor parte del gas de esquisto se encuentra en la parte norte del país, donde también se localiza gran parte de la agricultura e industria en gran escala de México, según el documento.
Señaló que el mandato de promulgar una nueva Ley General sobre el Agua que acompañó la adopción de la nueva disposición del acceso al agua como derecho humano, proporciona una oportunidad para la transición de los modelos de administración de este recurso.
Sugirió que se debe pasar del modelo de administración del agua basado enteramente o principalmente en ingeniería como herramienta para proveer agua, a un modelo basado en una verdadera agenda de políticas sostenibles, basadas en el desarrollo, que busque asegurar la renovabilidad y disponibilidad del agua a largo plazo.