El aumento a la gasolina será ‘el robo del siglo’ con un botín de más de 300 mil millones de pesos de ganancia para el gobierno y en perjuicio de los consumidores, denunció en entrevista con El Punto Crítico el senador Francisco Búrquez Valenzuela.
El senador descartó que el problema sea la reforma energética o la liberación de los precios de la gasolina y más bien lo atribuyó a la citada reforma fiscal, ya que sin ese impuesto creado en 2014, los costos de los combustibles serían hoy competitivos, aun con el incremento del 20 por ciento autorizado, pues el precio del litro andaría apenas en 12 pesos.
México importa el 66% por ciento de la gasolina de Estados Unidos, donde el precio del litro es menor a los 10 pesos, ¿entonces cómo es posible que ese mismo producto eleve su precio a casi el doble para los mexicanos?, cuestionó en entrevista con El Punto Crítico.
Los casi 18 pesos por litro es un precio de usura, calificó, cuando un precio razonable, con utilidad para Pemex, el gobierno y los distribuidores, sería de 12 pesos, explicó.
“Muchos culpan a la reforma energética y la apertura a la competencia, pero estas medidas nada tienen que ver con los incrementos al combustible, pero sí la reforma fiscal y la desmedida necesidad del gobierno federal para subsanar sus finanzas públicas colapsadas”, señaló Búrquez Valenzuela.
Además, dijo, si no se hace la apertura a la competencia de manera correcta existe el grave peligro de que un grupo de empresarios se apoderen del mercado de los combustible, pasando de un monopolio estatal a un oligopolio privado, en perjuicio de los consumidores mexicanos.
El legislador federal por Sonora advirtió que el gobierno federal, en lugar de bajar los precios con la reforma energética, aplicó impuestos agresivos (IEPS) que han nulificado el beneficio por el descenso de los precios internacionales del petróleo desde el 2014.
Ante este contexto, el senador Francisco Búrquez, del PAN, propuso pedir al Congreso que se elimine o derogue el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a los combustibles desde 2014, con la reforma fiscal. Según el legislador, tal gravamen por sí solo encarece el producto cinco pesos por litro.
Búrquez, integrante de la Comisión de Energía del Senado, dijo a Expansión que, con la reforma fiscal, el gobierno federal buscó construir un andamiaje para sostener su operación por la vía de los impuestos. Por ejemplo, la Ley de Ingresos para 2017 contempla un aumento de 284,432 millones de pesos en la recaudación con respecto a lo estimado para el año pasado.
“El Senado no ha servido para ser un contrapeso y no le han dado la importancia a este impuesto. Ahora estamos viendo las consecuencias”, señaló el legislador, quien argumenta que el IEPS se ha convertido en un gravamen extroardinario que afecta la economía de los ciudadanos.
La Ley de Hidrocarburos derivada de la reforma energética preveía la liberalización de los precios de las gasolinas hasta 2018. Sin embargo, en la Ley de Ingresos de 2017, aprobada por el Congreso en octubre pasado, se incluyeron dos artículos transitorios para adelantar el proceso.
Para la senadora Dolores Padierna, integrante de las comisiones de Hacienda y de Energía de la Cámara alta, no era el momento propicio para este modelo, debido a que los precios internacionales del petróleo no dejan de subir.
“La tendencia alcista que marcan los precios de referencia genera un clima propicio para los abusos por parte de los nuevos distribuidores, y eso es contraproducente para la población y para el gobierno”, dijo.
La legisladora del PRD explicó que haber programado la liberalización para 2018 tenía el objetivo de abrir un espacio para que se hiciera una transición, en la que habría inversión privada en infraestructura para la comercialización de combustible. No obstante, no se ha invertido y se sigue bajo un esquema público para la producción y privado para la venta.
Con Padierna coincidió el senador de izquierda Mario Delgado, quien en diciembre propuso eliminar aquellos artículos transitorios que permiten adelantar la apertura de la distribución de gasolinas a los particulares.
"Si eliminamos los artículos 11 y 12 de la Ley de Ingresos, entonces la apertura se pospondría hasta que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) determinara que hay condiciones de competencia", afirmó.
Actualmente, sólo 40% de las refinerías en México está en operación, lo que provoca que la mayor parte de las gasolinas y del diésel venga del extranjero. Estas importaciones, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), representan cerca de 60% del consumo nacional.
El problema, señaló el organismo empresarial en un comunicado, se debe a la limitada e ineficiente infraestructura de refinación con la que cuenta el país, y que año con año disminuye debido a que es obsoleta y por falta de mantenimiento o reconfiguración.
Por ello, la Coparmex propone incrementar la eficiencia de las refinerías por arriba de 90%, que es el promedio de países como Estados Unidos. Con esto, según los empresarios, se lograría dejar de importar petrolíferos que equivalen a 500 millones de dólares mensuales, lo que al año significaría un ahorro de 6,000 millones de dólares.