El líder nacional del PAN, Ricardo Anaya, alertó que los gasolinazos del gobierno federal priista ponen en riesgo la estabilidad social, afectan el bolsillo de millones de familias y generan inflación, por lo que llamó a no aumentar en febrero el precio de la gasolina.
Acusó que en México se vive un problema de inflación, porque en la primera quincena de enero se registró el peor aumento de los últimos 18 años, debido al incremento de las gasolinas y otros energéticos, como el gas, afectando no solo a quienes tienen un vehículo, sino a toda la población, al generar una escalada en los precios de productos y servicios.
Explicó que en la primera quincena de enero la tasa de inflación anual se ubicó en 4.8 por ciento y el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 1.51 por ciento, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mientras que el año pasado estos dos indicadores fueron de 2.48 y 0.03 por ciento.
Lo que provoca un incremento de precios y menor capacidad de los mexicanos para acceder a producto, situación que, sin duda, se agravaría nuevamente con el gasolinazo que tienen planeado para el mes de febrero.
Por último, reiteró su propuesta de reducir un 50 por ciento el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a las gasolinas.
En tanto, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados demandó que el total de las dependencias de la administración pública federal recorten su gasto corriente y los sueldos de sus funcionarios, y presenten programas de austeridad, a fin de reducir los efectos del aumento en las gasolinas.
La diputada Cristina García y el diputado Omar Ortega, también pidieron que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) verifiquen el cumplimiento en los hechos, de dichos planes de austeridad.
Asimismo, el diputado Victoriano Wences pidió que el Congreso de la Unión llame a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a que refuerce los operativos de vigilancia para inhibir el alza injustificada en precios de productos y servicios básicos.
A fin de corroborar que los organismos públicos reduzcan su gasto en lo posible, en solidaridad con el esfuerzo de los ciudadanos que están pagando precios más altos por los combustibles y el resto de los productos y servicios necesarios, deberían entregar al Congreso informes trimestrales y hagan pública dicha información, demandaron.
Recordaron que hasta el momento, las cámaras del Congreso, el Ejecutivo Federal e instancias como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como el gobierno de la Ciudad de México han anunciado recortes a su gasto, pero falta que muchas otras dependencias y organismos públicos se sumen a ese esfuerzo.
En cuanto a la participación de PROFECO, indicaron que si detecta irregularidades y alzas injustificadas en los precios, deberá emprender procedimientos administrativos y aplicar las sanciones que haya a lugar.
Recordó que desde el pasado 1 de enero, la gasolina Magna aumentó más del 14 por ciento; la Premium 20 por ciento y el diésel más del 16 por ciento.
A ello se suma la estimación a la alza en el nivel de la inflación, prevista por el Banco de México (Banxico) en 4.13 por ciento.
“El impacto del aumento de la gasolina ya ha generado daños colaterales, sobre todo en la población de escasos recursos, como es el caso de los habitantes de la Región de la Montaña de Guerrero, donde se encuentran los municipios más pobres del país y en donde el precio de los productos de la canasta básica empieza a incrementarse”, agregó el diputado Wences Real.