La autoridad de regular, vigilar y sancionar que tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de defensoría de audiencias, se vería bloqueada ante la intención de la Comisión de Radio y Televisión, de la Cámara de Diputados, de echar a andar una contrarreforma a la ley de telecomunicaciones vigente, en opinión de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
La iniciativa de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados limita las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano regulador, así lo aseguró la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.
El dictamen de la comisión integra propuestas de Federico Döring Casar y de Clemente Castañeda Hoeliflich, del PAN y de Movimiento Ciudadano, respectivamente.
En ella, a decir de la Amedi, se limita de manera indebida las atribuciones del órgano regulador, además de que se suprime la facultad del IFT de constituir un comité para ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones cuyo contenido viole el derecho de las audiencias.
Además, retira las capacidades regulatorias del instituto al ceder a los concesionarios el poder de emitir sus propios códigos de ética y nombrar al defensor de la audiencia pero sin el registro y la validación del regulador, aunado a que invalida sancionar el incumplimiento de los lineamientos emitido por la autoridad reguladora en la materia.
Con estas propuestas los legisladores buscan además modificar la obligación de que las transmisiones de radio y televisión brinden beneficios de la pluralidad y veracidad de la información, así como de los valores de la identidad nacional, con el objetivo de aportar a los fines establecidos en el artículo tercero de la Carta Magna, que se refiere a educación.
Concretamente, la iniciativa tiene como meta derogar la fracción III del artículo 256 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que reconoce como un derecho de las audiencias “que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta”, a fin de que los comunicadores puedan seguir mezclando hechos y opiniones sin una diferenciación visual o sonora clara.
En ese sentido, la Asociación subraya que en lugar de normar y regular la actuación de los concesionarios, la iniciativa invita que ‘bajo un principio de autorregulación’ informen al público en general ‘la forma detallada como el propio concesionario se compromete a respetar y promover todos y cada de los derechos de las audiencias’. Es decir, no obliga a los concesionarios a cumplir con dichos derechos sino que sólo hace un llamado a comprometerse.
“La Asociación Mexicana de Derecho a la Información denuncia este intento de contrarreforma legislativa, de componenda política y el atropello que se busca ocasionar a los derechos de las audiencias a cambio de favores políticos y el engaño publicitario”, señala en el documento.
Por ello, señaló que el debate al respecto debe ratificar que el IFT es el órgano constitucional autónomo especializado responsable de regular el servicio público de radiodifusión, por lo que debe satisfacer el derecho de las audiencias.
El documento fue avalado por 14 votos a favor del PRI, PAN y PVEM, tres en contra del Morena y MC y una abstención del PRD. Estuvieron sólo 19 de los 26 que integran la Comisión de Radio y Televisión.