Luego de difundirse en redes sociales videos en los que se muestran los operativos y enfrentamientos entre militares y civiles en la comunidad de Palmarito Tochapan, el pasado 3 de mayo, en donde se muestra cómo los soldados cierran el paso a una camioneta blanca de donde baja un sujeto con un chaleco antibalas y dispara a un soldado, el periodista Vladimir Galeana Solórzano, considero que los actos son consecuencia de omisión y corrupción de los legisladores en el tema de seguridad nacional.
Ya que recordó que el General Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaria de la Defensa Nacional, ha sido enfático al señalar que los miembros del Ejército Mexicano no están preparados para realizar las tareas que se les ha impuesto porque no han sido formados y entrenados para combatir al crimen organizado, y muchos menos para salir a las calles cada vez que la emergencia o las necesidades del país lo ameriten.
Aunado a esto, dijo, se ha solicitado a los diputados que realicen las adecuaciones necesarias para que su incursión en las tareas de seguridad pública cuenten con un marco normativo que los obligue y señale lo que pueden y lo que deben hacer. “Esta falta de delimitación de funciones es lo que los mantiene en vilo porque hasta ahora solamente el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México son las instituciones que se han encargado de combatir al crimen organizado”, señaló.
En este contexto, Galeana Solórzano explicó que a pesar de estas urgencias los diputados del Congreso de la Unión “tienen otras prioridades y distintos intereses porque no han querido hacer su trabajo, es más, ni siquiera está en el calendario la posibilidad de que lo hagan, lo que supone una absoluta falta de respeto a las instituciones encargadas de velar por la seguridad de más de ciento veinticinco millones de mexicanos”.
Agregó que la irresponsabilidad de quienes encabezan las fracciones parlamentarias es brutal, y ven más por sus intereses que por los intereses de los mexicanos.
Sin embargo el debate, enfatizó, está centrado en un video en el que se observa a un hombre sometido que es baleado al parecer por un miembro de las fuerzas armadas. “Claro está que mientras los llamados Huachicoleros operan impunemente utilizando de escudos humanos a mujeres y niños de los lugares donde hurtan el combustible buscando evitar que los soldados respondan, ellos sin observar ningún respeto por la vida tiran a matar”, comentó.
El periodista reflexionó que “se tiene que entender es que nuestros soldados están preparados para defender al país, y su mística es ofrendar su vida si ello es necesario. A ese sujeto que se dice fue victimado por un soldado, en realidad lo mato la desidia y la irresponsabilidad de nuestros diputados para dotar de un marco normativo a las tareas que desarrolla el Ejército Mexicano en las calles, en lugar de estar resguardando nuestra soberanía y protegiendo nuestros límites territoriales y marítimos”.
Por ello dijo, los responsables son la colusión y la incapacidad de los gobernadores que han preferido disponer del recurso para la preparación de las policías en otros rubros, teniendo otras prioridades.
En este contexto Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del Estado de Veracruz, acusa a Andrés Manuel López Obrador de estar coludido con los huachicoleros y crimen organizado, indicó.
Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que “no tenía nada que declarar” respecto a los videos que se difundieron ayer de los hechos acontecidos en Palmarito Tochapan, estado de Puebla, donde se aprecia una ejecución de un civil desarmado, presuntamente a manos de un miembro del Ejército.
“No tengo nada que declarar, habrá que hacerse la investigación correspondiente y deslindar responsabilidades […] Eso es lo que ha señalado ya abiertamente la Procuraduría [General de la República] y la propia [Secretaria) de la Defensa Nacional]”, dijo el mandatario nacional a miembros de los medios quienes lo cuestionaron al finalizar la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios.
Mientras que el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el gobierno federal está en busca de soluciones que se adecúen a las circunstancias a fin de garantizar la seguridad de los habitantes, dejando al último la idea del estado de excepción.
Cabe señalar que a la región han llegado dos mil militares en la llamada zona del Triángulo Rojo para combatir a los huachicoleros, “se están considerando muchas cosas, lo que sí es que no se puede seguir así por el riesgo que llevan sólo por estar en dicha actividad”, dijo el funcionario.
También recalcó el compromiso del gobierno federal de aprehender a los ladrones de combustible asegurando que continuarán con los esfuerzos por detener esta problemática que afecta a diversos sectores.
“Es un tema que desde el principio hemos estado atendiendo pero no con curitas sino más a fondo”, mencionó.
Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que obtuvo prisión oficiosa contra nueve personas vinculadas con el enfrentamiento del miércoles pasado por la noche entre la Policía Militar y Preventiva con presuntas bandas de ladrones de hidrocarburos en Palmar de Bravo y Palmarito Tochapan.
Según la versión oficial, el 3 de mayo del año en curso, elementos castrenses y de la Policía Estatal, realizaban un recorrido en los puntos antes señalados, donde fueron agredidos con disparos de armas de fuego por varias personas, resultando 13 elementos lesionados: 12 militares y un Policía Estatal, así como cuatro militares fallecidos.
Derivado de estos hechos, el agente del Ministerio Público integró las carpetas de investigación correspondientes, llevó a cabo actos y técnicas de investigación y obtención de pruebas científicas para judicializar el caso, y puso a disposición de la autoridad judicial a nueve personas presuntamente relacionadas con estos hechos.
La FGE dijo a través de un boletín que durante la audiencia de control de detención, solicitada por la Fiscalía ante el Juez de Oralidad en el auditorio del Centro de Reinserción Social de Tepexi de Rodríguez, Puebla, se calificaron las mismas como legales.
Asimismo, el representante social formuló imputación en contra de: José Luis “N”, Javier “N”, Manuel “N”, y Luis Alberto “N”, por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, portación de arma de fuego e instrumentos prohibidos, y delitos cometidos contra servidores públicos.
La dependencia agregó que, por otra parte, llevó a cabo la formulación de imputación contra: Óscar “N”, Pedro “N”, Jorge “N”, Gerardo Adrián “N”, y Mauricio “N”, bajo cargos de tentativa de homicidio, portación de arma de fuego e instrumentos prohibidos, así como delitos cometidos contra servidores públicos.
Dadas las características de lo ocurrido, las armas empleadas y las pruebas aportadas por la Fiscalía, el Juez de Control decretó prisión oficiosa como medida cautelar contra los nueve imputados.
Además, cuatro menores de edad detenidos fueron canalizados a Justicia para Adolescentes. Asimismo, otro de los detenidos, también menor de edad falleció, por heridas de bala. Este lunes se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso. Por su lado, la FGE de Puebla continúa con la realización de actos y técnicas de investigación y obtención de pruebas científicas.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reveló que no sólo conocía ya el video difundido este miércoles, sino que tiene en su poder otras videograbaciones sobre los hechos, los cuales son analizados por el organismo nacional.
Informó que el mismo día de los hechos ocurridos el pasado 3 de mayo, y de una queja recibida, abrió un expediente de queja y envió visitadores adjuntos a la FGE de Puebla, para dar inicio a las investigaciones correspondientes.
Informó que además del escrito de queja, también ha recibido “diversas videograbaciones” que se han incorporado al expediente y ha procedido a su análisis por especialistas de la institución.
“La gravedad de las imágenes aparecidas en una videograbación entregada a este organismo nacional y reproducidas el día de hoy por distintos medios de comunicación, demanda que las investigaciones se lleven a cabo con la mayor celeridad posible, sin afectar la seriedad y responsabilidad que se requiere”, dijo la CNDH.
En respuesta la Sedena afirmó que estudiará el citado video, para determinar su autenticidad y deslindar responsabilidades. Además, indicó que “tuvo conocimiento de la difusión en redes sociales de dicho video, el cual muestra los momentos en que personal militar es agredido con disparos de arma de fuego desde diversos vehículos, logrando la aprehensión de algunos de los agresores”.
Añadió que colaborará “en todo lo necesario con la Procuraduría General de la Republica, con la convicción de que bajo ninguna circunstancia, pueden justificarse conductas contrarias a la Ley y a los Derechos Humanos, por lo que en caso de acreditarse deben ser sancionadas con todo rigor”.
Cabe recordar que la PGR indicó que desde el 4 de mayo investiga lo acontecido, y que a través de la Subprocuraduría de Control Regional Procedimientos Penales y amparo (SCRPPA), inició una carpeta de investigación.