De acuerdo con el informe “Violencia, niñez y crimen organizado” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en México el clima de inseguridad y violencia ha dejado entre los años 2006 y 2010 a más de 30 mil huérfanos, que han perdido a uno o ambos progenitores a causa de la violencia.
En este contexto, la presidenta del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, diputada Guadalupe González Suástegui (PAN), se pronunció por acciones eficientes para que las niñas, niños y adolescentes que son víctimas indirectas de la violencia sean tomados en consideración, ya que en muchas ocasiones se encuentran en el desamparo, lo que obliga a las autoridades a actuar en diferentes vertientes.
Suástegui se congratuló de que la Comisión Permanente aprobara un punto de acuerdo suyo para que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) impulse y fortalezca las políticas que garanticen el ejercicio, protección y restitución de los derechos de esta población que queda en la orfandad con motivo de los delitos cometidos por la delincuencia organizada.
Relató que, además de los impactos emocionales, se producen contextos en los cuales el menor puede tener que asumir cargas familiares adicionales que limitan el ejercicio de otros derechos, dar lugar a su institucionalización y originar situaciones graves de desprotección y desatención, alertó.
González Suástegui subrayó que en el contexto de inseguridad que vive el país y de la denominada “guerra contra las drogas” y contra los carteles del narcotráfico, es común que los menores se conviertan en víctimas de la violencia, por parte del crimen organizado, en los enfrentamientos. Igualmente, preocupa el número elevado de huérfanos a raíz de la pérdida de uno o ambos padres.
Mencionó que las situaciones de violencia e inseguridad ocasionadas por la delincuencia organizada, se expresan en diversas regiones del país con formas de violencia física, psicológica y sexual, que involucran a niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con el documento aprobado por la Comisión Permanente, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes busca cumplir con el principio del interés superior de la niñez y garantizar sus derechos. Como grupo fundamental de la sociedad, debe recibir la protección integral, el ejercicio de sus derechos y la toma de medidas para su bienestar por parte de las autoridades federales, en el ámbito de sus atribuciones, a fin de poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la sociedad.
Refiere que un estudio de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, de la Cámara de Diputados, reportó que habían fallecido alrededor de mil 600 menores de edad y 40 mil infantes quedaron huérfanos, a causa de la inseguridad ocasionada por la delincuencia organizada.
El reporte menciona que en los últimos 10 años la lucha contra el narcotráfico en México ha dejado un alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes muertos, al crecer su participación en actividades delictivas relacionadas con el crimen organizado.
Por otra parte, destaca que diversas autoridades estatales han emprendido acciones para dar atención a los menores que se encuentran en orfandad por esta causa, como es el caso de Tamaulipas o Michoacán.