El portal Animal Político en conjunto con la organización ciudadana Mexicanos Contra la Corrupción realizó las indagatorias para sacar a flote una cloaca donde se involucra dinero de la cuenta pública a través de la figura de dependencias federales.
En entrevista exclusiva en el Punto Crítico con el periodista, Eduardo Ramos Fusther, con Tania Montalvo, editora general De Animal Político, indicó que se realizó una investigación en conjunto con la Asociación Mexicanos Contra la Corrupción se destapó una red de corrupción por 7 mil 670 millones de pesos de convenios entre universidades públicas y dependencias federales en cuenta pública del 2013 al 2014.
En términos simples, la maquinaria fue masiva. Durante 2013 y 2014, el gobierno federal mexicano contrató casi 7.700 millones de pesos mexicanos (US$430 millones) en obras públicas. De las 186 firmas privadas que ganaron las licitaciones, se halló que 128 no existían o tenían irregularidades que las hubieran dejado por fuera de cualquier proceso de licitación. Los procesos de contratación también incluyeron ocho universidades públicas que fueron usadas como intermediarias sin otra razón aparente que la de cobrar una comisión de 10 a 15 por ciento. Al final, más de 3.400 millones de pesos mexicanos (más de US$190 millones) simplemente desaparecieron.
Las indagatorias se dieron a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) después de publicar cada año la rendición de la cuenta pública del año pasado. El auditor siempre señala presuntas irregularidades o ciertos focos rojos que detectan en la operación del gasto público. En las cuentas públicas de 2013 y 2014 el auditor señala–haciendo mucho énfasis en que es algo que se viene haciendo por lo menos desde 2010– que existen convenios irregulares entre dependencias del gobierno federal y universidades públicas. Sin embargo, ellos no pueden auditar qué ocurre con los entes privados.
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De acuerdo con el trabajo de ambas plataformas, sólo al revisar las Cuentas Públicas correspondientes a 2013 y 2014 se detectaron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos; de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones. Este lanonón fue otorgado a 186 empresas, pero 128 de estas no podían recibir recursos públicos debido a que no tienen ni la infraestructura ni la personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas. En otros casos, la neta es que ni existen.
¿Quiénes están involucrados en la trama de corrupción que involucra a dependencias federales?
¿Les suenan los nombres de Rosario Robles, Emilio Lozoya Austin, Alfredo del Mazo Maza, Emilio Chuayffet, Gerardo Ruíz Esparza e Ildefonso Guajardo? Pues todos ellos juegan una parte importante en #LaEstafaMaestra. Estos funcionarios se encontraban (o todavía están) frente a las secretarías desde donde se maquinaron los desvíos.
La diferencia entre la red de empresas fantasma de Javidú y la que utilizaron los autores de este fraude de dimensiones astronómicas es una, sutil pero significativa: Duarte de Ochoa entregaba adjudicaba contratos directamente a empresas fachada, mientras que nuestros amigos de #LaEstafaMaestra primero le pasaron la lana a ocho universidades públicas y estas, después, pasaban la marmaja a una empresa irregular o inexistente. Así como lo leen: sólo por triangular, las instituciones educativas públicas recibían una buena mochada; sin prestar servicio alguno. En entrevista con Animal Político y MCCI, Juan Manuel Portal, auditor superior de la federación, calificó este esquema como “un claro acto de corrupción”.
Petróleos Mexicanos, entonces dirigida por Emilio Lozoya Austin; Sedesol, encabezada por Rosario Robles, y Banobras, en manos de Alfredo del Mazo Maza, son las tres dependencias responsables de este mecanismo, indicaron Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político. En este fraude también participaron FOVISSSTE, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Secretaría de Educación Pública, SAGARPA, SENASICA, la Secretaría de Economía y el Instituto Nacional Para la Educación de los Adultos. Las ocho universidades cómplices de #LaEstafaMaestra, y que se hicieron de 1,006, 421,805 pesos por triangular recursos federales, son:
1) Universidad Autónoma del Estado de México (Rector involucrado: Jorge Olvera García; Director general: Erick Herzaín Torres Mulhia).
2) Universidad Autónoma del Carmen (Rectores involucrados: José Antonio Ruz Hernández y Sergio Augusto López Peña).
3) Universidad Autónoma del Estado de Morelos (Rector involucrado: Alejandro Vera Jiménez).
4) Universidad Popular de la Chontalpa (Rectores involucrados: José Víctor Zárate, José Luis Hernández Lazo y Pedro Javier Muñoz Vergara).
5) Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (Rector involucrado: José Manuel Piña Gutiérrez).
6) Universidad Politécnica del Golfo de México (Rector involucrado: Luis Andrés Domínguez).
7) Instituto Técnico Superior de Comalcalco (Director involucrado: Carlos Mario Olán López).
8)Universidad Tecnológica de Tabasco (Rector involucrado: Fernando Calzada Falcón).
“Sí, es un fraude”: ASF
“Sí, es un fraude”, dice Juan Manuel Portal, Auditor Superior de la Federación. Y los titulares de cada dependencia —agrega— son los responsables, aunque no hayan firmado los convenios que se emplearon para desviar los recursos públicos.
Y añade: “es un claro acto de corrupción”.
Juan Manuel Portal califica así los resultados de la investigación de Animal Político, que confirma que 11 instancias del gobierno federal dieron contratos ilegales por casi 8 mil millones de pesos, en complicidad con ocho universidades públicas.
La Auditoría Superior de la Federación ya había advertido, desde 2013, que las dependencias violaban la ley al contratar a las universidades para hacer servicios que no pueden cumplir y para los que debían subcontratar a diferentes empresas.
Incluso, la ASF ha presentado 15 denuncias ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el desvío de recursos públicos.
Y, sin embargo, el gobierno federal ha seguido utilizando el mismo esquema.
La investigación de Animal Político consistió en revisar las empresas a las que se les entregaron los recursos públicos y confirmó que son empresas fantasma, sin registro ante la Secretaría de Economía e ilegales.
El resultado: 3 mil 433 millones de pesos se desviaron a empresas fantasma, que no hicieron el trabajo para el que fueron contratadas. Mil millones más que se entregaron como comisión a las universidades solo por triangular los recursos y el resto del dinero sirvió para contratar servicios a precios inflados.
El auditor, al conocer esta investigación y los perfiles de las empresas que recibieron los contratos, dice que todo tiene “las características de un fraude”.
“Ese es un modus operandi. Empresas que se prestaron igual para recibir parte del dinero y facturar; emitir los recibos correspondientes y ya. Pero sin evidencia de que tuvieran el conocimiento ni la experiencia para llevar a cabo servicios”.
“Es una simulación de servicios muy burda no solo para el desvío de dinero, sino para la desaparición de recursos públicos”.
Juan Manuel Portal es enfático: “hay que sancionar”. Ese debería ser el primer paso tras revelar este fraude.
Y añade: “que firme el titular (de las dependencias). Que ellos firmen los convenios y se responsabilicen. Porque ahorita es muy fácil: para estos contratos con las universidades, el secretario le instruye al oficial mayor, éste le dice a un director general, y éste a un director, y a veces llega hasta el subdirector, que es el que firma”.
Que los secretarios de estado no argumenten que no vieron nada. En todo caso, dice el auditor, hace falta tipificar el delito de omisión en el Código Penal para que la responsabilidad judicial alcance a los titulares de las dependencias.
“(Como titular de una dependencia) Tú eres responsables de los recursos públicos que se te confiaron a ti, para eso te elegimos, y ¿cómo los cuidaste? No cumpliste”.
Los convenios entre instancias públicas están permitidos en el artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Pero la legislación establece requisitos —como no subcontratar más del 49% o realizar una investigación de mercado—, que fueron violados en este esquema de fraude.
“Las universidades están para enseñar y para investigar, no para hacer de intermediarios. Podrían prestar servicios para los que sí tienen facultades, pero no para comprar bienes que sirven para hacer promoción de programas sociales, eso ya es otra cosa; o para la adquisición de computadoras. No existe la justificación para hacerlo”.
La revisión de las Cuentas Públicas 2013 y 2014 de la ASF confirmó que las universidades públicas firmaron convenios con las instancias de gobierno federal sabiendo que no podrían realizar los servicios.
Luego, Animal Político revisó qué ocurrió con los recursos públicos entregados a las universidades en los contratos incluidos en esos años y encontró que las instituciones educativas se quedaron con una comisión de entre el 10 y el 15% y transfirieron el resto del dinero a las empresas fantasma e ilegales, una doble violación a la ley.
Las Universidades, dice el auditor, también intentan simular su responsabilidad diciendo: “Yo lo único que hice fue contratar a quien me dijeron. Yo ni siquiera escogí las empresas”.
“Lo que ellos hicieron como instituciones de educación superior es indebido y la autoridad va a proceder con denuncias de hechos contra las instituciones”
En este enlace pueden consultar en su totalidad la investigación #LaEstafaMaestra. En el especial se muestra la metodología del reportaje, las fuentes y documentos consultados para su realización y varios contenidos multimedia para explicar de mejor manera cómo funcionó este esquema de desvíos. En los siguientes días Mexicanos Contra la Corrupción y Animal Político continuarán publicando fragmentos de la investigación.