El Procurador General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, informó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores su decisión de presentar hoy al Ejecutivo Federal su renuncia, con carácter de irrevocable, a la Procuraduría, cargo que ocupa desde el 27 de octubre de 2016.
“Dado a que los próximos días en la Cámara de Diputados se discutirán las nuevas iniciativas relacionadas con la Fiscalía General de la Nación y, a efecto de que no sigan deteniendo las urgentes leyes que el país necesita, he decidido enviar al Presidente de la República y al Senado mi renuncia irrevocable a la Procuraduría General de la República a partir de este momento”, sostuvo.
Agradeció a las senadoras y senadores la ratificación que hicieron al nombramiento propuesto hace un año por el presidente de la República en su persona para convertirse en el 43 procurador de la República.
Esta mañana la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera Anzaldo, acompañada de los coordinadores de los Grupos Parlamentarios, Emilio Gamboa Patrón, PRI; Luis Sánchez Jiménez, PRD; Carlos Puente Salas, PVEM; el vicepresidente de la Mesa Directiva, Octavio Pedroza Gaitán; el secretario de la Mesa Directiva Gerardo Flores Ramírez; Luis Humberto Fernández Fuentes, secretario de la Comisión Justicia; la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega; Ivonne Álvarez García, secretaria de la Comisión de Justicia, y el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García, sostuvo una reunión para recibir al procurador Cervantes Andrade, quien entregó el informe Conclusiones Preliminares de la Consulta sobre Nuevo Modelo de Procuración de Justicia.
Dentro de diez días las conclusiones se presentarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Gabinete de Seguridad, a la Conferencia Nacional de Procuradores, a la academia y a la opinión pública, las conclusiones de la Consulta Nacional Construyamos Justicia.
En la consulta nos hemos auxiliado de tres de las instituciones más prestigiadas del país en materia de estudios jurídicos y penales: el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), dijo.
Instó a diputados y senadores a aprobar a la brevedad las leyes que aseguren una Fiscalía General, procuradurías y fiscalías en los estados, eficaces, autónomas e independientes, y con una arquitectura institucional, homologada y diseñada para asegurar justicia a todos los mexicanos.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política, Ana Lilia Herrera Anzaldo, aseguró que se trata de un ejercicio democrático que, sin lugar a dudas, será de gran ayuda en los siguientes pasos de la implementación del nuevo modelo de procuración de justicia; porque responde a tres sentidas exigencias de la sociedad: seguridad, combate a la impunidad y respeto a los derechos humanos, acotó.
“Quienes participan de este proceso pueden sentirse honrados por esta oportunidad de hacer historia. Estoy segura que en el Senado, de manera plural, incluyente y respetuosa, se van analizar con gran interés estos resultados preliminares”, asentó.
Después de entregar el documento, el procurador Cervantes detalló que las instituciones tienen que ser más eficientes en la procuración de justicia, siempre bajo el principio del respeto de presunción de inocencia de las personas y la independencia del Poder Judicial Federal.
Tener un compromiso indeclinable para combatir los delitos electorales y los actos de corrupción y un nuevo servicio profesional de carrera para inhibir, frenar y sancionar los delitos.
Hoy se trabaja con herramientas del siglo pasado, cuando se enfrentan elaboradas tramas de corrupción de talla internacional al amparo de recovecos del sistema financiero mundial, terrorismo, contrabando internacional de armas, cárteles con presencia panregional, delitos ambientales que atentan contra el futuro sustentable del país, agresiones a periodistas, ciberataques y delitos electorales en los que se usan indebidamente recursos públicos.
No podemos ir más rápido ni ser más eficientes si no hacemos ya la transición a un nuevo esquema institucional que asegure mejores resultados en el combate a la delincuencia y la impunidad.