Con el propósito de concientizar a la población sobre la importancia de adoptar acciones para lograr una adecuada disposición final de residuos en los sitios establecidos, el Senado de la República avaló por unanimidad de 89 votos,
cambios a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
La reforma faculta a los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales para que, con la participación de los sectores sociales, organizaciones de la sociedad civil, cámaras industriales, comerciales, grupos e instituciones académicas y de investigación, promuevan campañas de comunicación permanente sobre la gestión integral de residuos, conforme a las normas oficiales mexicanas y programas de ordenamiento ecológico y desarrollo urbano.
De acuerdo con el dictamen, los impactos ambientales ocasionados por el mal manejo y disposición de los residuos, se manifiestan principalmente en la contaminación de suelos, aire, aguas superficiales y subterráneas o por afectaciones a la salud pública.
El dictamen por el que se reforma el Artículo 35 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, se remitió a la Cámara de Diputados para los efectos del Artículo 72 constitucional.