A fin de transparentar el gasto en publicidad de los programas de Gobierno, evitar la promoción personalizada de servidores públicos y garantizar la libertad de expresión, el Pleno del Senado recibió una iniciativa para crear la Ley General de Comunicación Gubernamental.
El senador Luis Sánchez Jiménez al presentar la iniciativa, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo por el que urgió al Legislativo a emitir una ley que establezca el marco de actuación de los gobiernos y entes públicos en materia de comunicación.
La iniciativa presentada hoy por el PRD modifica los artículos 6 y 134 de la Constitución, para la creación del Consejo Nacional de Comunicación Social, como un órgano autónomo, que normará la difusión de programas y acciones de los tres órdenes de gobierno.
Precisa que las normas se aplicarán a cualquier medio de comunicación, cuyo uso implique la utilización de recursos públicos, y el Ejecutivo Federal elaborará un Programa Anual de Comunicación que contendrá objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas en base a sus indicadores de desempeño.
La Secretaría de Gobernación supervisará la administración y distribución de los tiempos del Estado y tiempos fiscales en radio y televisión; la contratación de publicidad se basará en la equidad de los contratos y puntualiza que toda información relacionada con la comunicación gubernamental será de carácter público.
Propone también conformar el Padrón Nacional de Prestadores de Servicio de Publicidad y Comunicación, como un sistema informativo de carácter público que contendrá el registro de medios de comunicación y agencias, con residencia en el territorio nacional o en el extranjero, que prestan servicios de producción y difusión de comunicación gubernamental.
Estipula que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborará informes trimestrales de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, el avance del gasto ejercido y el cumplimiento de los objetivos de los programas.
Refiere que cualquier persona podrá denunciar ante el Consejo la difusión o distribución de comunicación gubernamental que pueda ser violatoria de lo establecido por la ley.