Alcaldes y organizaciones civiles se manifestaron a favor de que la Ley de Seguridad Interior contemple una mayor coordinación con los municipios y se evite una subordinación de este nivel de gobierno a la federación.
Los presidentes municipales pidieron que se retome el tema del mando mixto, la certificación de las policías y que la decisión de la intervención de las Fuerzas Armadas no se haga unilateralmente.
En tanto, algunas organizaciones civiles solicitaron que no se haga ningún “cambio fundamental” a la minuta y defendieron la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles realizando funciones de seguridad pública.
Otras asociaciones hicieron un llamado al Senado para rechazar el proyecto de decreto y abrir el debate para que intervengan actores políticos, academia y sociedad civil.
El senador del PT, Ángel Benjamín Robles Montoya aseguró que sería un gravísimo error aprobar la minuta, por lo que es importante revisar todo lo que han dicho los gobernadores, presidentes municipales y representantes de la sociedad civil y seguir abriendo los espacios para que se lleven a cabo este tipo de diálogos.
La senadora del PRD, Angélica De la Peña Gómez dijo que es indispensable que se haya abierto la discusión a efecto de escuchar a todos los actores, “por lo cual aboco a la experiencia del Senado de hacer buenas leyes y tener buenas prácticas del trabajo parlamentario”
El senador del PRI, Enrique Burgos García expresó que el compromiso de los legisladores al dictaminar esta ley, se debe centrar en la constitucionalidad y respeto pleno a los derechos humanos.
Héctor Armando Cabada, alcalde de Ciudad Juárez, pidió que se retome el tema del mando mixto, la certificación de las policías, que la decisión de la intervención de las Fuerzas Armadas no se haga unilateralmente, que puedan intervenir los gobiernos locales y que sea siempre una coordinación y no una subordinación.
Adrián de la Garza Santos, alcalde de Monterrey, dijo que tiene que tomar en cuenta las consideraciones necesarias, a efecto de establecer con claridad que la presencia del Ejército sea temporal y gradual, así como precisar las formas en las que podrá entrar en funciones.
Isabel Miranda de Wallace, de Alto al Secuestro, se pronunció en contra de que se realice algún cambio fundamental a la minuta, a fin de que se respete el derecho a la protesta y para que el Estado pueda actuar en contra de las “manifestaciones violentas”.
El especialista Juan Ibarrola comentó que diversos sectores estudiantiles, de médicos, mineros, pesqueros, industriales y de la sociedad civil en diferentes regiones del país no quieren que las Fuerzas Armadas se retiren de las calles.
Ana Bertha Haro Sánchez, presidenta municipal de Tétela Del Volcán, consideró un riesgo el que no se fortalezca la seguridad en el nivel municipal y que este orden de gobierno quede “muy lejos” de las decisiones que pudieran tomar desde otros niveles de gobierno.
Orlando Camacho, director general de México SOS, señaló que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles ya es una realidad y tienen presencia en 27 estados de la república, por lo que es necesario normalizar y regularizar sus labores.
José Jorge Amador Amador, director de Seguridad Ciudadana en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, dijo que en un municipio que tiene más de un millón de habitantes, es posible que se organice la seguridad ciudadana sin desgastar ni a las fuerzas federales ni a las fuerzas militares, con un modelo que garantice que la ciudadanía pierda el miedo.
Samuel García, Gonzáles Ruiz, catedrático de la UNAM, señaló que los candidatos de los diferentes partidos políticos a la Presidencia de la República van a establecer en sus respectivas agendas de campaña este tema para discutir sus proyectos de seguridad, porque ya está todo en la ley desde hace más de veinte años, nadie puede inventar nada.
Francisco Cienfuegos Martínez, alcalde de Guadalupe, estado de Nuevo León, aceptó que los municipios no tienen la capacidad para hacer frente a la fuerza que tienen los delincuentes y por eso se necesita la participación de las fuerzas federales y militares para dar protección a nuestras ciudades.
José Francisco de Villa Soto, de la organización Causa en Común, señaló que la ley extendería y fortalecería el arraigo de las Fuerzas Armadas como fuerza política, enviando una señal clara a todos los niveles de gobierno, en el sentido de que se evadiría la responsabilidad que se tiene con las policías locales.
Ana Laura Magaloni del CIDE precisó que este no es el marco jurídico que le va a permitir al Ejército tener la certeza de que es subsidiaria, excepcional y temporal su participación en labores de seguridad.
Tania Reneaum Panszi de Amnistía Internacional hizo un llamado al Senado para rechazar este proyecto de seguridad interior y que abra un debate donde intervengan actores políticos, academia y sociedad civil.
Advirtió que durante más de tres décadas se ha dejado de lado una verdadera política que permita fortalecer los cuerpos policiacos y crear una verdadera seguridad pública.