El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Pardo Rebolledo, admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores, el Intituto Nacional de Transparencia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Ley de Seguridad Interior.
En el acuerdo de admisión, el ministro instructor ordenó notificar al Poder Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, señalados como autoridades responsables en las demandas, para que rindan su informe en un del plazo de 15 días hábiles posteriores al siguiente en que surta efectos la notificación.
Con el fin de integrar debidamente el expediente, se requirió al Congreso de la Unión, por conducto de las cámaras de Diputados y Senadores y de quien legalmente las representan, que al rendir su informe envíen a la Suprema Corte copia certificada de los antecedentes legislativos de la norma impugnada.
Al Poder Ejecutivo federal le pidió que en el mismo plazo envíe al máximo tribunal del país un ejemplar del Diario Oficial de la Federación en el que se publicó el decreto por el que se expide la citada ley. En caso de que las autoridades requeridas no cumplan con lo ordenado se les impondrá una multa.
Hasta ahora, el ministro Pardo Rebolledo ha admitido a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores federales, la CNDH y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como la controversia presentada por el municipio de Cholula, Puebla.
Previamente, el ministro había desechado la acción de inconstitucionalidad promovida por Movimiento Ciudadano, debido a que los partidos políticos sólo pueden recurrir a este tipo de juicios para solicitar la invalidez de normas de naturaleza electoral.
Por separado, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó que la Suprema Corte también admitió a trámite la controversia constitucional que interpuso este organismo autónomo capitalino contra la Ley de Seguridad Interior.
Recordó que el pasado 22 de enero presentó una acción de inconstitucional ante la Corte en la que argumenta que algunos artículos de la citada legislación afectan la competencia del organismo, porque le impide cumplir con su objetivo de garantizar los derechos humanos de quienes habitan y transitan en la Ciudad de México.
De igual forma, solicitó la realización de audiencias públicas para su análisis y discusión, debido a la trascendencia nacional e internacional de dicha legislación, así como también darle atención prioritaria al tema.