La tarde de este lunes 30 de julio, la periodista Maxi Peláez denunció en nota periodística que trabajadores y funcionarios del PRD de la Cámara de
Diputados retuvo y agredió a Camarógrafos, reporteros y a un fotógrafo de diversos medios de comunicación acreditados en la Cámara de Diputados Federal, cuando estos realizaban labores periodistas para levantar imagen de la mudanza de los diputados que dejarán el cargo, el ultimo día de agosto en San Lázaro para que los otros flamantes diputados ocupen sus oficinas.
Los compañeros retenidos son: Edgar Trejo Mendoza, de Azteca Noticias, Gabriel Ávila Mancilla, de Televisa y, el fotógrafo del periódico Excélsior, Mateo Reyes Arellano.
Los trabajadores mantuvieron retenidos a los compañeros por espacio de 45 minutos en una oficina del cuarto piso, del edificio “B” del Palacio Legislativo de San Lázaro, bajo la amenaza de no dejarlos ir sino borraban las imágenes de las cajas de la mudanza que habían captado. Solo así lograron salir.
Los dos camarógrafos y el fotógrafo se identificaron como representantes de sus respectivos medios de comunicación, pero Beatriz Climaco, Coordinadora Administrativa de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, azuzo al grupo de trabajadores quienes rodearon, amedrentaron y retuvieron a los compañeros.
Incluso, pedían que interviniera la Policía Federal para que los compañeros de la lente fueran detenidos y trasladados al Ministerio Público Federal, bajo el argumento de que se encontraban en un edificio federal sin permiso, cuando son periodistas acreditados para la cobertura de las actividades de la Cámara de diputados desde hace dos y hasta seis legislaturas.
Este, este caso de privación del derecho a informar y la libertad de expresión se da lamentablemente en la Cámara de Diputados, recinto y tribuna de la nación en donde se legisla y privilegian las libertades y se produce desafortunadamente contra de los comunicadores que hacen su trabajo diariamente.
Los medios de comunicación y la sociedad toda, reprobamos este acto deleznable y que pone en riesgo el Estado de derecho que debe regir en los actos de todos.
Exigen respuesta contundente ante la falta de respeto al derecho de todos los ciudadanos a ser informados.