24-09-2018 En la clausura del foro “Hacia una agenda legislativa en materia de comunicación pública”, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río (Morena)
expresó que la gran oportunidad de acompañar el proceso de transformación y democratización del país, requiere que “todos trabajemos en pos de la construcción de un Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano”.
Indicó que el cambio de México tiene que estar apuntalado por medios de comunicación que realmente reflejen el proceso democratizador, y el mejor espacio y oportunidad es legislar sobre ellos.
La consolidación democrática del país, afirmó, tiene que pasar por los medios de comunicación, sobre todo, por la posibilidad de tener un sistema público. “Sería un error brutal que Morena y los poderes que hoy tenemos, con el mandato de 30 millones de mexicanos, no entendiéramos eso”.
Huerta del Río recordó que hoy se carece de un Sistema Público de la Radiodifusión del Estado mexicano, pues funciona como un canal u organismo público más. Por ello, se necesita uno que articule, reorganice y legisle para todos.
Actualmente, dijo, los medios comerciales y privados que buscan sus espacios, no tienen desafíos y contrapesos. “Siempre han manejado su información conforme a sus agendas, y algo que sí tenemos los ciudadanos, es la brutal necesidad de que haya medios públicos que nos representen y den espacio al mosaico social de nuestra nación”.
Consideró que todas las instancias, productores y sectores tienen el derecho de participar en la comunicación pública y “esos espacios no lo abrirán los medios privados, los cuales tienen sus intereses específicos”.
Planteó que México podría ser el lugar donde se construya la radiodifusión de la convergencia, de un milenio que ya no es analógico.
Los nuevos tiempos de las computadoras y de las redes sociales, agregó, representan el camino para construir la publicidad de los medios o lo público de los medios, pensando no solo en la radio y televisión, sino en las diversas y múltiples plataformas que hoy se tienen.
“El desafío es convertirse en los constructores de un sistema público que tome en cuenta esta convergencia, para que podamos ser líderes en la construcción de este gran sistema público de radiodifusión multiplataformas”, añadió.
Al leer la ponencia del diputado Zoé Robledo Aburto (Morena), su representante, Salomón Woldenberg, expresó que el cambio político del primero de julio “brinda una oportunidad inmejorable para volver a pensar los medios públicos, innovadores, que aprovechan la nueva condición de horizontalidad que brinda el Internet”.
Indicó que actualmente los que existen son dependientes de la propaganda gubernamental, con controles ejercidos por unos cuántos y con la verdad subordinada a unos intereses económicos y no necesariamente con el mejor contenido.
En las democracias, precisó, estas plataformas son el foro, mediante el cual es posible conocer las opiniones de los representados, son el espacio donde se puede deliberar y confrontar distintas ideas sobre prioridades políticas y acciones del gobierno.
“La prensa es una condición necesaria para la supervivencia de la democracia; sin embargo, en México, dista de ser libre por tres condiciones: violencia, cooptación y falta de competencia”, subrayó.
Los medios públicos, afirmó, deben tener claro su objetivo para que abonen a la democracia. “No son consorcios que busquen generar ganancias monetarias, su objetivo debe ser enriquecer el debate público y brindar veracidad a la población”.
La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alma Rosa Alva de la Selva, sostuvo que la Reforma en Telecomunicaciones no puede decirse que fue progresista o democrática, pues su política no apoyó la construcción de un sistema de medios auténticos y democráticos, sino que desalentó el desarrollo de los que son sociales, es decir, los comunitarios e indígenas.
Refirió que uno de los riesgos a los que se enfrenta la comunicación pública es ver si será auténticamente pública o gubernamental, y evitar que sea utilizada como vocero de diferentes funcionarios; por ello, demandó que el Estado garantice realmente el ejercicio del derecho social, para que las telecomunicaciones ofrezcan calidad, competencia, pluralidad y cobertura universal.
Añadió que otro reto será lograr converger la informática, la radiodifusión y las telecomunicaciones. Advirtió que de no compensar el desequilibrio plasmado en la ley secundaria de las telecomunicaciones, se genera un desequilibrio entre los medios sociales y los comerciales dejando en el estancamiento a este sector.
La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Xochimilco, Beatriz Solís Leere, señaló que los medios públicos deben ofrecer contenidos para minorías lingüísticas, para infancias, educativos, y para sociedades multiculturales y plurales, ya que, en la actualidad, en el mercado no se ofrecen estos contenidos.
Puntualizó que al ser financiados con presupuesto público, los medios tienen un mandato mucho mayor con respecto al interés público, la transparencia de su gestión, la participación social y el pluralismo, que los medios comerciales.
La también defensora de audiencias de Radio Educación, consideró que la diversidad de contenidos, de públicos y géneros; la universalidad en términos de intereses generales, y la independencia editorial y la pluralidad, son elementos que tienen que ser considerados dentro de la normatividad para los medios públicos.
María Guadalupe Cortés Hernández, representante de Radio Educación, consideró necesario reorganizar el Sistema de Radiodifusión Pública, pues existen estaciones a las que se asignaron varias frecuencias, pero “sin un quinto más” de por medio.
Destacó que la radio púbica ha podido luchar contra la pobreza gracias al ingenio, por lo que solicitó a los diputados ética en todos los campos, es decir, en la administración, en la legislación y, sobre todo, en el destino de los recursos.
“Las narrativas hoy han variado muchísimo en materia radiofónica, pero si el Estado aprovechara toda la infraestructura que ya tiene y lograra distribuir de forma equitativa de los recursos, de acuerdo con las necesidades, se concretaría una verdadera revolución”.
Jesús Medina, representante de la Asociación Periodistas Desplazados México, pidió que la legislación en materia de comunicación pública se reconozca el desalojo como un síntoma de guerra. “Actualmente, se tienen 70 periodistas en el mecanismo de situación de desplazo distribuidos en toda la República”.
Por otra parte, pidieron que la Cámara de Diputados solicite una visita de las relatoras especiales de Libertad de Expresión y de Desplazamiento Interno Forzado, a fin de lograr conocer el panorama y condiciones de los periodistas agredidos de radios comunitarias, indígenas y de televisión. “Estamos en la mejor disposición de trabajar a favor del respeto a la información”.