• El nuevo integrante de la SCJN deberá consolidar los enormes cambios experimentados en la estructura
constitucional, dijo.
José Luis González Alcántara Carrancá, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), compareció ante los integrantes de la Comisión de Justicia del Senado de la República y senadores que se adhirieron a la reunión extraordinaria.
El licenciado y doctor en Derecho por la UNAM, dijo que es imperativo un replanteamiento de la función judicial, y dejar a un lado esquemas excesivamente tecnificados y poco transparentes, para abrir paso a un modelo incluyente, capaz de percibir de manera empática las necesidades de los justiciables.
La legitimidad del Poder Judicial, cuyos miembros no han sido elegidos directamente por el pueblo, deriva de su capacidad para generar consensos y aceptación por medio de sus resoluciones, refirió.
“Esta dimensión incluyente forma, en mi concepto, la piedra angular de lo que podríamos definir como una política judicial, entendida como el plan de acción institucional que emprenden los tribunales, y especialmente la Suprema Corte para contribuir al debate nacional e impactar en la vida sociopolítica de la Nación”, comentó.
Un verdadero juez constitucional no puede esconderse detrás de un tecnicismo para negar justicia. Tampoco puede, valiéndose de recursos retóricos, imponer su visión política particular en un caso determinado, dijo.
Determinó que aún hay un enorme trecho para alcanzar la Nación incluyente, “donde seamos capaces de articular y valorar las diferencias que nos definen como individuos, pero nos fortalecen como comunidad”.
Señaló que el nuevo integrante de la SCJN enfrentará un nuevo reto: Consolidar para la posteridad, de manera definitiva, los enormes cambios experimentados en la estructura constitucional, especialmente en la defensa de los derechos humanos.
Al iniciar la ronda de preguntas, la senadora Geovanna Bañuelos, del PT, le solicitó su opinión sobre la prisión preventiva oficiosa.
El compareciente respondió: como se modificó el esquema de trabajo para los magistrados, significa la comprobación del fracaso parcial de la reforma en materia de administración de justicia. “El principio de presunción de inocencia debe estar presente en nuestro orden jurídico”. La Prisión preventiva es violatoria de los derechos humanos, dijo.
El senador Damián Zepeda, del PAN, cuestionó su posición respecto de la participación de las fuerzas armadas en las labores de seguridad pública, en el marco constitucional actual. También sobre la resolución de la SCJN respecto de la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
En cuanto a las Fuerzas Armadas, González Alcántara señaló que es partidario de que se utilice al Ejército y la Marina en este tema, pero poniendo término de sus funciones.
Respecto de la ley que establece que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República, dijo que el ministro Alberto Pérez Dayán no lo hizo bien, porque existe disposición expresa de que no se otorgará la suspensión en las acciones de inconstitucionalidad. “No dejo de ver que puede haber un tinte político”.
Cristóbal Arias, de Morena, preguntó sobre un mecanismo de elección de ministros para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
José Luis González contestó que se tienen que ser más transparentes en los procesos de designación. Resaltó que se ha olvidado en estos mecanismos la rendición de cuentas. “Debemos ser más exigentes en los procedimientos de trabajo de los ministros de la Corte”.
Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, preguntó sobre la reforma al artículo 19 constitucional, referente a la división de Poderes y el Pacto Federal.
El candidato a la SCJN respondió que los poderes judiciales de los estados son muy diferentes, y los funcionarios judiciales sufren el acoso del Ejecutivo estatal. La posibilidad de igualar sueldos a escala nacional o crear una escuela judicial nacional podría ayudar los niveles de impartición de justicia en el país.
El senador Emilio Álvarez preguntó cómo reducir los sueldos del Poder Judicial, sobre el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad y de una posible subordinación de las fuerzas civiles a las fuerzas militares.
Respondió que el Senado debe empezar por revisar sus esquemas de contratación de personal, “si están haciendo uso del outsourcing para evitar el pago del Impuesto Sobre la Renta y los pagos de seguridad social, pues que mal ejemplo estamos dando”. Y en el Poder Judicial si se deben quitar bonos y sueldos onerosos y transparentar los gastos.
En relación con las fuerzas Armadas, dijo que la autoridad civil debe estar por encima del Ejército, “por algo el jefe de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República”.
Eduardo Murat, del PVEM, preguntó sobre sus méritos para ocupar el cargo de ministro en la SCJN.
Contestó que tal vez sea el candidato con menos méritos, pero tiene una experiencia de más de 20 años, “y quisiera servir de puente entre los Tribunales Superiores de Justicia y el Poder Judicial Federal”.
En la ronda de preguntas también participaron los senadores: Guadalupe Covarrubias (Morena), Félix Salgado (Morena), Américo Villareal (Morena), Ana Lilia Rivera (Morena), Virginia Meza (Morena) y Xóchitl Gálvez (PAN).