• Se propone aumentar las penas en delitos de homicidio, lesiones, secuestro,
desaparición forzada, amenazas, extorsión, si las víctimas son personas defensoras de derechos humanos o periodistas
• Garantizar el secreto profesional de las y los periodistas; no podrán ser requeridos con el propósito de revelar sus fuentes de información
México es uno de los países más mortíferos para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Los niveles de violencia a los que se enfrentan son comparables con países en situación de guerra. La atmósfera de intimidación, censura y riesgo donde éstos operan está enmarcada en la crisis de seguridad pública y de derechos humanos, señaló el presidente de la Comisión de Protección a Periodistas del Poder Legislativo local, diputado Miguel Ángel Salazar Martínez.
Durante la sesión de este martes, el legislador del grupo parlamentario del PRI expuso que según la Organización de Estados Americanos (OEA) la tasa de violaciones a los derechos humanos ha aumentado para los periodistas y los defensores.
“Actualmente, la violencia que sufren las y los profesionales de comunicación no provienen únicamente de particulares y de grupos criminales, también de las autoridades, pero más allá de la insuficiencia o el deterioro de la justicia, existen condiciones en el modelo de comunicación mediática que ha predominado en México y que favorece la violencia contra los informadores, incluso al extremo de amenazas hacia su persona, a través de las redes sociales”, afirmó el legislador.
Las violaciones a los derechos humanos de los periodistas dañan tanto a la sociedad como al Estado, ya que por una parte el Estado queda rebasado en sus tareas al no garantizar las seguridades mínimas en el ejercicio de la profesión de una persona y, por el otro, se impide el acceso a la información a la ciudadanía al haber sido coartada la libertad de expresión del periodista.
Salazar Martínez subrayó la valiosa labor que desempeñan las personas que ejercen el periodismo, “es indispensable que se les asegure la tutela de sus propios derechos humanos, en este caso una adecuada procuración de justicia para que puedan desarrollar sus actividades sin obstáculo alguno”, afirmó al presentar una iniciativa que reforma el Código Penal y la Ley del Secreto Profesional del Periodista.
La propuesta en el Código Penal es que se aumenten las penas respecto de los delitos de homicidio, lesiones, feminicidio, secuestro, desaparición forzada, amenazas, extorsión, daños a la propiedad e intimidación si las víctimas fueran personas defensoras de derechos humanos o periodistas.
La iniciativa destaca también que con el objeto de garantizar el secreto profesional de las y los periodistas, se establece que no podrán ser requeridos con el propósito de revelar sus fuentes de información.
Se crea también el Capítulo de Delitos contra la Libertad de Expresión, en donde se considerarán delitos contra personas defensoras de derechos humanos o periodistas, las conductas que impidan, interfieran, limiten o atenten contra la actividad periodística y vulneren la libertad de expresión de periodistas y medios de comunicación.
La propuesta de iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Protección a Periodistas y la de Administración y Procuración de Justicia, con opinión de Igualdad de Género.