Una investigación del portal Aristegui Noticias reveló una serie
de documentos que vinculan a la ex legisladora panista Rosi Orozco, quien se ha dedicado a luchar contra la trata de personas con irregularidades en la recepción de 31 millones de pesos como donativo.
De acuerdo con la publicación, Orozco y su marido, quienes dirigen varias asociaciones civiles contra este problema, triangularon entre sí, recursos provenientes de donativos, durante más de una década.
Sin embargo, al analizar los números, existen discrepancias entre sus reportes financieros oficiales y los que presentaron al Sistema de Administración Tributario (SAT), según indicó el citado medio.
Activismo en el ojo del huracán
Luego del anuncio de la presente administración, acerca del retiro de las propiedades otorgadas por las pasadas administraciones federales, la también activista se puso en el ojo del huracán, debido a cuatro inmuebles.
Mediante los documentos oficiales, se dejo ver que la organización de Orozco acumuló donativos por la millonaria cifra desde 2009 y en los últimos cuatro años ha recibido cinco millones de pesos.
Rosa María de la Garza Ramírez, verdadero nombre de la activista, fundadora de la Comisión Unidos Contra la Trata, destapó la polémica, luego de que se dio a conocer que recibió como comodato un lujoso departamento en la CDMX con valor de 22 millones de pesos.
Tal inmueble comparte domicilio con la Fundación Camino a Casa, que le pertenece su esposo, Alejandro Orozco Rubio, la cual ha obtenido cerca de 26 millones de pesos en donativos durante los últimos 10 años.
Aristegui Noticias encontró que, en 2016, la Comisión Unidos Contra la Trata realizó un donativo de 28 mil 596 pesos a la Fundación Camino a Casa. Ésta, a su vez, hizo otro donativo a la asociación La Casa Sobre la Roca, dirigida también por los Orozco y registrada con la misma dirección fiscal.
“El gobierno federal tiene la obligación de dar refugio a las víctimas de trata, era una manera de coadyuvar con una responsabilidad de autoridades”, mencionó Rosi Orozco (@rosiorozco), presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata, en #BitácoraPolítica con @JimenezLandin.
31 millones en donativos
Otra discrepancia encontrada por el portal, radica en que en su sitio web, la Comisión Unidos Contra la Trata aseguró que en 2018 recibió 5 millones 14 mil 930 pesos, pero sólo reportó al SAT 2 millones 674 mil 182 pesos.
También, la publicación hizo hincapié en otras irregularidades respecto al gasto de los donativos, dinero que presuntamente debe destinarse casi enteramente a la atención a sobrevivientes de trata.
Sin embargo, el citado medio encontró que cerca del 80%, según datos del propio SAT, se destinaron al pago de sueldos, honorarios y aportaciones patronales, siendo que reportaron tener tan sólo cinco empleados en nómina.
Ante este panorama, la organización reviró que el dinero recibido como donativo, fue utilizado para cubrir los gastos que conlleva tratar a las víctimas de este delito, labor que según el sitio web de la ONG, ha puesto en riesgo la vida de Orozco en muchas ocasiones.
Cabe destacar que no es la primera ocasión que la activista enfrenta acusaciones sobre desvío de dinero e irregularidades en la función de su organización civil, pues incluso en 2014 solicitó ser investigada por la Agencia Central de Investigaciones para Causas Especiales.
El PAN benefició a Orozco
Durante el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, Orozco fue la principal impulsora de la Iniciativa de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Iniciativa que, en 2012, se convirtió en una ley general que hasta la fecha se mantiene vigente.
Respecto a los inmuebles que serán confiscados a la organización civil, éstos fueron dados en comodato durante el sexenio de Calderón y autorizados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
De acuerdo con la revista Proceso, los cuatro inmuebles que recibieron las fundaciones de los Orozco tenían un valor de 11 millones 524 mil pesos, dato que contrasta con el otorgado por la actual administración.
Ricardo Rodríguez Vargas, director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), quien asumirá la dirección del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, aseguró que tan sólo un departamento, ubicado en Bosques de las Lomas, está valuado en más de 20 millones de pesos.
Pero existen otros departamentos de lujo y casas en colonias como las Lomas de Chapultepec y el Pedregal, quienes también serán rematadas para otorgar el dinero a fines prácticos para la población.