Hay presiones para obtener estudios ambientales a modo: Fernando Herrera Ávila
El proyecto de López Obrador para construir el aeropuerto en Santa Lucía, consiste básicamente en habilitar dos pistas -una de 5,1 km y otra de 4,6 km-, un edificio terminal con 33 posiciones y una torre de control en la base militar de Santa Lucía, para complementar el actual aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. (CDMX)
En el proyecto también se contempla un hotel de 310 habitaciones, un estacionamiento cubierto, una terminal de autobuses, la construcción de la zona de hangares y de servicios aeroportuarios, y un área para una futura ampliación.
Esa nueva terminal de Santa Lucía estaría conectada al actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un tren rápido, y también tendría acceso al distribuidor vial del Circuito Exterior Mexiquense.
Además, en este plan se contempla también reacondicionar el actual aeropuerto Benito Juárez y el que se ubica en Toluca, la capital del Estado de México.
Según el equipo de López Obrador, la construcción de este aeropuerto tomaría 3 años.
El vocero del PAN, Fernando Herrera Ávila, acusó que desde la Semarnat se ejerce presión contra la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para que otorgue permisos ambientales de las obras, como el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.
Manifestó que, no sería extraño que el gobierno genere “estudios patito” con tal de cumplir con lo que quiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cada día concentra más poder en propias manos como se acaba de demostrar, dijo, con la renuncia del presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Señaló que incumplir con los permisos ambientales en la construcción de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía constituye “una irresponsabilidad institucional” sin precedente y, al mismo tiempo, demostraría que el poder está cada vez más concentrado en las manos de un solo hombre.
Declaró que el Partido Acción Nacional (PAN) respalda la decisión del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que ordenó suspender las obras de Santa Lucía, precisamente por falta de estudios de impacto ambiental.
Hizo manifiesta su desconfianza en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pues consideró que su nuevo titular, Víctor Manuel Toledo, es un fanático del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Opinó que, como los derechos humanos, el medio ambiente vive malos tiempos, pues todas las acciones políticas y administrativas están encaminadas a cumplir la voluntad de un solo hombre, el Presidente de la República, y eso no es bueno para nadie, ni para el medio ambiente ni para el país.
Por su parte el diputado panista Jorge Triana, asevero que el proyecto para construir el aeropuerto de Santa Lucía “nació muerto”, ya que carece de autorización de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ni el visto bueno del centro de investigación Mitre, “sin ese permiso, prácticamente ningún vuelo de aerolínea estadounidense o embarcación comercial podrá aterrizar en el aeropuerto de Santa Licía”
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El legislador señaló que la construcción de dicha terminal aérea “obedecía más a un capricho personal del presidente que a un proyecto bien planeado, estructurado, que obedecía más a darle la razón a su amigo José María Riobóo, quien elaboró el proyecto en primera instancia, que a realmente las necesidades que requiere el país en materia aeroportuaria”.
Expuso que con la finalidad de acelerar el proyecto de Santa Lucía “se saltó muchísimos trámites”, además de que en la planeación “se les olvidó que había un cerro”, lo que incrementó en 700 por ciento el costo del proyecto, y en la actualidad, a raíz de la denuncia de un juicio presentada por un particular, se ordena la suspensión de la obra por algo muy sencillo, no cuenta con permisos de impacto ambiental”.
El también secretario de la Comisión Especial para el Desarrollo Aeroportuario Integral en el Congreso de la Ciudad de México, explicó que la obra carece de un proyecto estructural claro, así como de permisos aeronáuticos y de impacto ambiental.
“No cuenta con nada, es una obra que nació muerta, es completamente inviable”; además de que está demostrado por los mismos ecologistas y académicos que atacaban el proyecto de Texcoco, que Santa Lucía produce incluso mayor daño al ecosistema de la zona, “sin este proyecto ambiental, no puede prosperar esta obra”.
Consideró que las obras ya iniciaron, pues recordó que desde principios de este año el presidente López Obrador había encargado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la ampliación de las pistas, trabajos que comenzaron previo al inicio de los estudios.
Al respecto, detalló que el presupuesto para ejecutar las obras en Santa Lucía no fue asignado para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sino que se lo asignaron a la Sedena, que será la que ejecutará.
“Es un hecho que la obra empezó, tal vez en una parte que todavía tiene control militar y ahí no se requiera un permiso tan estricto, pero los drones tienen que mandarse para verificar que estén cumpliendo con los lineamientos, no es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador inicia una obra de manera acelerada y pasando por alto incluso sentencias judiciales”.
Detalló que la resolución está en un Tribunal Colegiado en materia administrativa del Poder Judicial, y habrá que esperar para reiniciar la obra hasta contar con los permisos que habrán de pasar por muchas etapas.
“Es decir, van a tener que adecuarse a lo que hace cualquier hijo de vecino, cualquier particular; el gobierno no tiene por qué estar en derechos por encima de ningún particular, al contrario, tiene que generar las condiciones para que crezcan los particulares y no crecer por encima de ellos, van a tener que acatar el mandato judicial, esperemos que no lo pase por alto, esto ya le desfasó todo su proyecto, sus fechas de entrega, el tiempo en el que se comprometió y todo por acelerarlo”.
Se trata, enfatizó el panista. de una obra de gran calado en la que “se les olvidó que hay un cerro, ahora hay dos opciones, o le dan la vuelta al cerro, que hay quien dice que no se puede, o van a tener que destruir parte del cerro, ¿qué mayor daño ecológico puede haber que destruir un cerro?, falta ver que les den los permisos, no son requisitos, hay que dar visto bueno”.
Ello, por parte de instancias como la Profepa y la Semarnat, que aún cuando son gubernamentales deberán ser verificados por autoridades judiciales para ver si se levanta la suspensión y sea posible continuar las obras.
“Es un problema grave el que tiene el presidente, estamos viendo lo que ya sabíamos, que es un proyecto inviable, que nació muerto, que no tiene ningún tipo de productividad, ni da valor agregado a nuestro país, es un proyecto que desde el punto de vista aeronáutico, estructural, y ahora vemos que también desde el ambiental, pues no es de ninguna manera el más adecuado, por si fuera poco, con enorme inconformidad de pobladores de las zonas aledañas”, puntualizó.