La mayoría de los recursos que se destinan a programas y proyectos, no
tienen reglas de operación claras o no cubren las condiciones necesarias que marca la ley.
México enfrenta un entorno de “creciente incertidumbre” después de varias decisiones de política económica que han puesto entredicho la posibilidad de elevar el ritmo de crecimiento de la actividad productiva, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Decisiones sustentadas solamente en criterios políticos, sin considerar las consecuencias económicas, suelen generar reacciones inmediatas en los mercados y propiciar ambientes de incertidumbre severos que afectan la dinámica de la actividad económica”.
En su análisis semanal, el organismo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) señaló que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), la más controvertida económicamente para el país, no se compensa con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.
La obra en la Base Aérea de Santa Lucía resulta más costosa y probablemente con un menor beneficio económico-social y, aunque no cuenta con la debida evaluación al respecto como lo marca la ley de presupuesto, ahora enfrenta una suspensión de operaciones en tanto no acredite los correspondientes permisos ambientales y 146 juicios que buscan su cancelación definitiva, apuntó.
En esa misma línea está la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, porque tampoco cuenta con la evaluación de beneficio-costo que manda la ley y, al parecer, carece de los permisos ambientales correspondientes.
“Ello también abona a la incertidumbre" del país, reiteró el organismo dirigido por Carlos Hurtado López.
Aunado a ello, indicó que la situación de las finanzas públicas continúa siendo preocupante porque si bien se aprecian avances importantes en materia de control de gasto público, los ahorros comienzan a reflejarse en un deterioro de las funciones del sector público en diversos programas, como la falta de medicamentos, la menor calidad del servicio de salud y la retención de recursos para otros gastos ya comprometidos.
No obstante, las reasignaciones de la mayoría de recursos se destinan a programas y proyectos que no tienen reglas de operación claras o que no cubren las condiciones necesarias que marca la ley.
Ante ello, remarcó, es el momento para fortalecer la alianza entre el sector privado y público con la intención de establecer metas de inversión productiva que sean complementarias e impulsar del ritmo de crecimiento económico.