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El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos
Romero Hicks, rechazó una reforma electoral "a la medida" del presidente en turno y aseveró que cualquier cambio en ese rubro debe dar certeza y tranquilidad a los mexicanos.
“El país requiere una reforma electoral a la medida de la democracia, no del presidente en turno. Una reforma sin dedicatoria o beneficiarios directos, pero sí a favor de los ciudadanos”, externó en un comunicado.
Para Romero Hicks es necesaria una reforma que mejore y amplíe la democracia y no se abarate con consultas a mano alzada, la desaparición de los Organismos Públicos Local (OPLs), el debilitamiento de los partidos o el retorno del control de la información ciudadana a la Secretaría de Gobernación (Segob).
El legislador planteó que cualquier cambio electoral, lejos de debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) o desmantelar la estructura creada por las OPLEs, debe fortalecer a las instituciones, alentando la existencia de contrapesos al poder y la autonomía de gestión.
Aseveró que para una eventual reforma electoral hay que rescatar temas que son básicos para un verdadero avance democrático en México, como analizar la viabilidad de la segunda vuelta en los procesos electorales o poner en marcha el sistema de votación electrónica y preservar la proporcionalidad para que nadie esté sobrerepresentado o subrepresentado.
"La clave es que el porcentaje de votación de un partido se traduzca en su peso en la Cámara no como hoy que Morena obtuvo 41 por ciento de los votos en la elección de 2018 y cuenta con 54.4 por ciento de las curules de San Lázaro", planteó el panista.
También consideró necesario reglamentar las coaliciones para impedir que casos como el del PES que aunque haya desaparecido al no alcanzar tres por ciento de los votos, cuente con seis por ciento de las diputaciones gracias a la coalición de la que formó parte, mencionó Romero Hicks.
Además se tendría que descartar la instauración de la democracia plebiscitaria por la que a través de la mano alzada o la tergiversación de la consulta popular prevista en la ley se pase por encima de las instituciones destinadas a aplicar cualquier ajuste, añadió. 

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