Solicitan a Función Pública investigar la presunta responsabilidad por conflicto de
intereses del director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero; y la directora general de CENAGAS, Elvira Daniel Kabazz Zaga.
• Se solicita a la Función Pública investigar la legal constitución de las entidades privadas donde son accionarios.
• También el número de contratos otorgados a dichas empresas en dependencias de la administración pública.
• En caso de resultar responsables, los funcionarios deberán ser sancionados como lo marca la ley.
El Partido Acción Nacional presentó ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia de hechos para que se realice la investigación por presunto conflicto de intereses del director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero; y la directora general de CENAGAS, Elvira Daniel Kabazz Zaga.
Esto porque omitieron en sus declaraciones de conflicto de intereses señalar la existencia de dos empresas, IDOC Digital Services y Red Led Solutions, donde los funcionarios cuentan con participación accionaria, al igual que sus hijos.
Por esta razón, el coordinador general jurídico de Acción Nacional, Raymundo Bolaños, acudió este mediodía a presentar la denuncia respectiva, ya que de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todos los funcionarios están obligados a realizar la declaración de conflicto de intereses.
“La ley es muy clara al señalar que se debe declarar por una posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”, dijo.
Raymundo Bolaños explicó que la denuncia de hechos solicita a la Función Pública investigar la legal constitución de las entidades privadas, el historial de tenencia accionaria de las empresas, revisar el objeto social en efecto a fin de determinar la probable existencia de conflicto de intereses.
También se pide investigar la razón de la omisión por parte de los funcionarios de realizar las declaraciones correspondientes, el número de contratos otorgados a dichas empresas, en cualquier de las dependencias de la administración pública, órganos desconcentrados, descentralizados o cualesquiera de las instituciones del Estado Mexicano o de licitaciones públicas o adjudicaciones directas.
Finalmente, el Coordinador General Jurídico destacó que Acción Nacional no puede pasar por alto esta incongruencia del gobierno federal y pedirá que en caso de resultar responsables, los funcionarios sean sancionados como lo marca la ley.