A través de una carta escrita a puño, Rosario Robles Berlanga, recluida en el
penal de Santa Martha Acatitla por el presunto delito ejercicio indebido del servicio público, exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador un juicio justo.
“¿Por qué esta saña?”, cuestionó la exsecretaria de Desarrollo Social y aseguró que enfrenta una ofensiva de “múltiples artimañas” por parte de las instituciones mexicanas que atenta contra sus derechos de presunción de inocencia y debido proceso.
En el documento leído esta mañana por su hija Mariana Moguel Robles frente al lugar donde está presa, manifestó su inconformidad por la reciente decisión de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de inhabilitarla por 10 años y por la forma en que se enteró de ello: “una vez más fue por los medios de comunicación, antes de ser notificada oficialmente por la dependencia federal”.
Detalló que la SFP evadió, “de manera tramposa”, informar que la sanción que le impuso se desprende de un préstamo de 180 mil pesos que, según su versión, sí consta en su declaración patrimonial y por no reportar su cuenta bancaria de Santander, la cual jamás tuvo movimiento.
La primera mujer que gobernó la Ciudad de México se quejó de que no se haya aplicado el mismo criterio a “un funcionario del gabinete actual” que no declaró propiedades por millones de pesos: “Para los amigos gracia”.
Robles Berlanga consideró que se encuentra en calidad de rehén porque el delito del que se le acusa no es grave y, en tanto, podría ameritar otras medidas cautelares que no sacrifiquen su libertad.
Además, afirmó que no se ha podido probar que “yo tenga un peso que no sea producto de mi trabajo” y, mucho menos, “declarado culpable de nada en el ámbito penal.
“Seguiré luchando contra esta injusticia y persecución de la que soy objeto. A la venganza hay que enfrentarla con entereza y pruebas. Así lo haré. Porque sin derechos humanos y debido proceso no puede haber justicia”, se lee en la carta.
A Rosario Robles se le acusa, de acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación, de un presunto desvío millonario cometido en la Secretaría de Desarrollo Social y, posteriormente, en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, relacionados con el caso conocido como “La estafa maestra”, en el que dependencias gubernamentales desviaron recursos a través de universidades.
Se trata de la primera exfuncionara del gobierno de Enrique Peña Nieto en enfrentar la justicia mexicana por un tema de corrupción.