El acuerdo refiere que se afectan facultades exclusivas de la Cámara de Diputados en materia presupuestal
Destaca la posibilidad de que se genere un daño a la Hacienda Pública con el pago de emolumentos indebidos
El Pleno camaral aprobó promover controversia constitucional relativa al Manual de Remuneraciones del Instituto Nacional Electoral (INE) para el Ejercicio Fiscal 2020, por la afectación a facultades exclusivas de la Cámara de Diputados en materia presupuestal, y ante posibles daños a la Hacienda Pública por el pago indebido de sueldos en ese instituto en el presente ejercicio presupuestal.
El acuerdo, suscrito por la Junta de Coordinación Política, se aprobó con 323 votos a favor, 26 en contra y 83 abstenciones, en la sesión de hoy.
Refiere que, en cumplimiento del mandato del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la Junta General Ejecutiva realizó adecuaciones a los tabuladores de las remuneraciones de los servidores públicos del instituto, consistentes en ajustar las percepciones correspondientes a cargos de nivel superior, por encima de lo aprobado por esta Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020.
El resultado, añade, es que un número considerable de servidores públicos de mando en el INE reciban una retribución superior a la que percibe el Presidente de la República, así como prestaciones expresamente prohibidas por disposición presupuestaria, lo que en consideración de este órgano puede contravenir lo dispuesto por el propio Presupuesto de Egresos de la Federación y violentar los artículos 74, fracción IV, 75, 126 y 127 de la Constitución federal.
El acuerdo menciona que la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados emitió la “Opinión Técnica del Proyecto de Controversia Constitucional relativa al Manual de Remuneraciones del Instituto Nacional Electoral para el Ejercicio Fiscal 2020”, la cual, en términos generales, considera jurídicamente procedente la interposición de la demanda.
De Morena, el diputado Pablo Gómez Álvarez enfatizó que la Constitución Política le confiere a la Cámara de Diputados la facultad intransferible de señalar las remuneraciones de aquellos puestos cuya creación está determinada en la ley. “Ellos se pusieron un sueldo que no es el que les autorizamos y quien autoriza, quien fija esos sueldos somos los diputados y las diputadas federales de este país: solamente nosotros”.
Por el PAN, el diputado José Elías Lixa Abimerhi señaló que “si los de la mayoría lo que quieren es que sea la Corte quien les diga que se mantienen en el error, pues adelante, vamos a darle nuestros votos a favor, no tenemos oposición ni el PAN, ni el propio INE, nadie, en que sea la Corte quien fije los términos de esta controversia”.
La diputada Claudia Pastor Badilla (PRI) explicó que se tiene pendiente de cumplir lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto a aclarar los parámetros para fijar la retribución del titular del Ejecutivo. Señaló que la Cámara de Diputados tiene el reto de llevar a cabo el procedimiento de renovación del INE con apego a la imparcialidad, la neutralidad y la transparencia.
Por el PT, el diputado Benjamín Robles Montoya mencionó que existe negativa de algunos funcionarios públicos para reducir sus percepciones. Comentó que su bancada respaldará la controversia constitucional relativa al manual de remuneraciones del INE. Asimismo, dijo que el instituto no está en contra de la austeridad.
Enseguida, la diputada Julieta Macías Rábago (MC) dijo que la demanda aborda uno de los episodios que puede ser referente histórico, respecto del actuar de los tres poderes. Mencionó que algunos organismos autónomos requieren un marco jurídico que garantice su imparcialidad debido a la relevancia de sus responsabilidades. Además, aclaró, que han considerado su autonomía vulnerable por los tabuladores impuestos en los presupuestos de egresos 2019 y 2020.
En su participación, el diputado Héctor Joel Villegas González, de Encuentro Social, aseveró que su grupo parlamentario apoyará la rectoría del Estado en temas sustanciales como el fortalecimiento de las instituciones autónomas. Mencionó que las familias mexicanas están cansadas de que sus recursos no sean empleados con criterios de austeridad. Ningún servidor público debe de ganar más que el Presidente, incluyendo a estos órganos autónomos, afirmó.
Del PVEM, el legislador Marco Antonio Gómez Alcantar externó que éste es el método idóneo e institucional para resolver los conflictos entre órganos del Estado; además, porque coinciden en que no es ético que exista un gobierno que paga a los servidores públicos salarios que rebasan por mucho el ingreso promedio de la población. “Tenemos que construir un gobierno que gobierne bien y lo haga de forma eficiente”.
Al fijar la posición de su grupo parlamentario, el diputado Antonio Ortega Martínez (PRD) puntualizó que rechazan la presentación de la controversia porque en el fondo está la decisión del Ejecutivo de que nadie gane más que el Presidente de la República. “Consideramos que el INE ejerce las facultades que le fueron conferidas y por lo tanto la Cámara de Diputados no debe sumarse al linchamiento contra esta institución”.
En contra, el diputado Miguel Alonso Riggs Baeza (PAN) afirmó que en esta controversia no se está hablando del bienestar de México, “se trata de acabar con los órganos autónomos, de debilitar las instituciones en que descansa la democracia, van por el INE porque quieren elecciones a modo, de Estado; de esto se trata esta controversia”.
De Morena, el legislador Alejandro Viedma Velázquez adujo que están a favor de la controversia porque al aprobar su manual de remuneraciones el INE pretende sobreponerse al poder federal al invadir atribuciones exclusivas de esta soberanía en materia presupuestal. Es claro que el instituto violenta la Constitución bajo el amparo de una idea equivocada de la autonomía constitucional, por lo que es necesario defender nuestras facultades. “El INE no respetó lo que esta Cámara de Diputados etiquetó para su presupuesto, pues los salarios de sus servidores públicos superaron lo establecido”.
La diputada Martha Tagle Martínez (MC) afirmó que su fracción parlamentaria no avalará la presentación de una controversia que ya está “controvertido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Instituto Nacional Electoral y otros actores han recurrido a la Corte para que sea la que resuelva en última instancia, este tema, y a nosotros nos corresponde legislar de acuerdo con la Constitución, defenderla y dejar de usar esta tribuna para cumplir con los caprichos de una sola persona en el Congreso de la Unión”.
El diputado Rubén Cayetano García (Morena) consideró que pretender aprobarse salarios mayores al del Presidente de la República es una afrenta al pueblo. El INE quiere continuar con privilegios y prebendas del pasado. “El que pretenda servir a México deberá vivir en la justa medianía, basta de discrecionalidad en la política de sueldos. Los mexicanos exigen un sistema de percepciones adecuado a la realidad económica. Vamos por esta acción porque no toleraremos que más de 300 funcionarios se aferren a ganar más. Ya no más un INE rico con privilegios”.
La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) afirmó que “esta controversia se trata de un revanchismo artero contra el órgano electoral” y el fondo “constituye una embestida contra nuestro régimen democrático”. Sostuvo que se pretende vulnerar a las instituciones democráticas que se han construido a lo largo de los últimos 40 años.
En tanto, la diputada Lidia García Anaya (Morena) subrayó que no se puede permitir “que sin freno ni control los funcionarios del INE fijen sus propias remuneraciones y efectúen movimientos administrativos que no se encuentran establecidos dentro de la ley”. Aclaró que “no estamos en contra del instituto, nos manifestamos en contra de los abusos que los funcionarios públicos están ejerciendo”.
De Morena, el diputado Rubén Terán Águila enfatizó que el INE “no acató un presupuesto que se aprobó por este Poder Legislativo y esto no se lo podemos permitir a ninguna institución”. Precisó que la cantidad que se autoasignaron los consejeros “no garantiza la calidad ni la eficacia de nuestra democracia” y si no están de acuerdo en lo que perciben “tienen la posibilidad de renunciar”.
Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz, diputado de Encuentro Social, externó que no se puede permitir que aprovechando esa atribución y facultad, que además le dio este mismo Congreso a los organismos autónomos incorporándolos en la Constitución, “hagan lo que se les pegue la gana”. Destacó que “hoy necesitamos que todas y todos estemos en condiciones de igualdad”.
El diputado Santiago González Soto (PT) consideró que los consejeros del INE están tomando una decisión errada, equivocada y en contra del artículo 127 de la Constitución porque “nadie podemos ganar más que el Presidente de la República; que eso nos quede muy claro, señores del INE”.
Desde su curul, el diputado Porfirio Muñoz Ledo (Morena) comentó que “tenemos problemas comunes que resolver que interesan a la democracia. Primero, que ya no sean una casta divina los dirigentes del INE, que se atengan a salarios justos y dignos; eso se resuelve con la controversia constitucional y con nuestra facultad presupuestaria”. El segundo es que mantenga una autonomía efectiva del gobierno y, el tercero, debieran ser cuatro mujeres de alto perfil, las consejeras que se incorporen.