Las organizaciones reportaron que -entre junio del 2019 y mayo del 2020- hubo 107 "eventos" de violaciones de derechos humanos en contra de activistas.
Organizaciones sociales mexicanas denunciaron este lunes (24.08.2020) que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantiene una "estrategia de omisión” ante violaciones de derechos humanos del pasado inmediato y los derechos de las víctimas a la memoria, verdad y justicia.
Al presentar el informe Defender los derechos humanos en México, las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos, el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada destacaron que este discurso de omisión ocurre al mismo tiempo que se cometen graves violaciones en el país.
Las organizaciones reportaron que entre junio del 2019 y mayo del 2020 hubo 107 "eventos" de violaciones de derechos humanos en contra de personas defensoras de DD. HH. en México. Además, en este lapso de tiempo, ocurrieron 249 detenciones arbitrarias, nueve ejecuciones extrajudiciales y se registraron cuatro víctimas de desaparición forzada, asegura el informe.
Las entidades dicen haber registrado recientes sucesos de represión en los estados gobernados por partidos de derecha, como en el central Guanajuato. Asimismo, también aseguraron que en lugares como la capital mexicana, gobernada por el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), hay indicios de un previsible aumento de estas violaciones.
"El Gobierno Federal ha desplegado también una estrategia de omisión ante las graves violaciones a derechos humanos del pasado inmediato y una política de simulación para con los derechos a la memoria, verdad y justicia de las víctimas que, al menos de 2000 a 2018 sufrieron graves violaciones, al mismo tiempo que despliega un discurso que justifica su omisión ante las graves violaciones a derechos humanos que, justo ahora mismo, se cometen”, expresa el informe.
La impunidad es "esa sombra oscura que, como hemos insistido informe tras informe, es el caldo de cultivo que permite que las graves violaciones de derechos humanos documentadas sigan ocurriendo en contra de las personas defensoras de los mismos", concluyeron las organizaciones.