Ciudad de México, 14 de diciembre 2020, - La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 319 votos a favor, 88 en contra y cero abstenciones, el dictamen a la minuta que
reforma y adiciona los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución Política, relativos al Poder Judicial de la Federación.
Con estas reformas, se fortalecen a las instituciones judiciales para mejorar la impartición de justicia, combatir la corrupción y el nepotismo, en beneficio de una sociedad más justa.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), expresó que estas reformas marcarán una nueva etapa en el Sistema Jurídico Mexicano, porque atiende la necesidad de fortalecer a la Suprema Corte de Justicia (SCJN) como Tribunal Constitucional, lo que “abonará en el fortalecimiento del Estado de derecho y de la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos”.
“Dan un gran calado a la nueva causa del proceso judicial y representan un esfuerzo adicional para fortalecer a la SCJN en Tribunal Constitucional; su finalidad es acercar la justicia a las y los mexicanos, pues la misma sigue siendo una asignatura pendiente en México”, subrayó.
El dictamen, dijo, tienen la finalidad de fortalecer el papel del tribunal constitucional de la SCJN; crea un sistema novedoso adoptando el sistema de precedentes judiciales; depura la materia de controversias constitucionales, eliminando cuestiones de legalidad, al tiempo que se amplían, como hipótesis de procedencia, las omisiones, las cuales pueden ser de cualquier orden, siempre y cuando se imbrican en problemas constitucionales.
Además, amplía la facultad de promover controversias constitucionales a los órganos constitucionales autónomos locales; fortalece la declaratoria general de inconstitucionalidad; restringe la procedencia del recurso de revisión en amparo directo y elimina la posibilidad de impugnar los acuerdos del presidente cuando determina desechar un recurso de esta clase.
También elimina los tribunales unitarios de circuito y son sustituidos por los tribunales colegiados de apelación; los plenos de circuito son sustituidos por los plenos regionales; cambia la denominación de contradicción de tesis por el de contradicción de criterios; elimina el recurso de revisión administrativa del que conoce la Corte y concede tal facultad al Consejo de la Judicatura Federal; fortalece la facultad reguladora de la SCJN, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en lo que se conoce como facultad autorreguladora.
Modifica los mecanismos de inamovilidad judicial; amplía la aplicación de la carrera judicial; adopta la paridad género; sustituye la denominación del Instituto de la Judicatura Federal por el de Escuela Federal de Formación Judicial; elimina la facultad de la SCJN para revocar los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal; faculta al Consejo de la Judicatura para concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales a que conozcan de los asuntos vinculados con hechos que constituyan violaciones graves de derechos.
La diputada Alavez Ruiz señaló que el país está en el lugar 60 de 69 naciones que mide el índice global de impunidad y según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) el problema de la impunidad en México, es funcional y estructural, por lo que es necesario tomar medidas urgentes para reducir los altos niveles que se observan.
“Está reforma es congruente con esta lucha contra la injusticia y la impunidad; es resultado de los esfuerzos conjuntos de los tres poderes de la Federación para atender un reclamo de justicia de la sociedad mexicana; la reforma no sólo contribuye a transformar al Poder Judicial sino a todas las instituciones del Estado y los operadores jurídicos”, añadió.
Recordó que en febrero, el Presidente de la República, a petición del ministro presidente, suscribió esta iniciativa para su análisis y discusión en el Poder Legislativo federal; se realizaron encuentros entre académicos, especialistas, jueces, magistrados y legisladores, y se llevó a cabo un Parlamento Abierto, en donde “reconocimos la necesidad de estos cambios constitucionales y las expectativas de las reformas secundarias”.
Al fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Justicia, la secretaria, diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García (Morena), precisó que se consolida una reforma que tendrá gran relevancia en la impartición de justicia en México, pues busca cambiar la mala percepción del aparato de justicia y que miles de mexicanos confíen y participen del nuevo proceso.
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Mencionó que ante la percepción de la injusticia en el país y las cifras que dicen que México se encuentra en el lugar 60 de los 69 países que mide el índice global impunidad, “hoy estamos hablando de dar los suficientes instrumentos legales para combatir la corrupción, la injusticia y la impunidad”.
Relató que de los Parlamentos Abiertos y de las discusiones de comisiones unidas, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se elaboró una reforma que traza el camino hacia una mejor justicia con pleno respeto a los poderes del Estado y que es producto de la reflexión del propio ejercicio judicial.
Se está ante una reforma al Poder Judicial de forma integral y de largo alcance porque busca consolidar a la SCJN como un verdadero Tribunal Constitucional, haciendo que sus trabajos se enfoquen únicamente en los asuntos más relevantes para el orden jurídico nacional; combate la corrupción y el nepotismo; fortalece la carrera judicial para todas las categorías a las que se accede por curso de oposición.
De acuerdo con el Inegi, sólo 26 por ciento de la población piensa que no hay corrupción en el Sistema Judicial, mientras que el 46 por ciento tenía algo de confianza en los jueces y la tendencia indicaba que la desconfianza iba al alza. “Esto debe terminar; por ello, la regulación de la carrera judicial en una ley distinta a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para todo el personal jurisdiccional, es de suma importancia”.
Afirmó que la reforma también contempla una mejora de los servicios de defensoría pública, fortaleciendo el Instituto Federal de Defensoría Pública, consolidando su sistema de carrera y ampliando sus servicios para que los defensores públicos sean los verdaderos abogados de la sociedad.
Establece plenos regionales; contempla la paridad de género como principio de la carrera judicial; se establecen lineamientos para que el Consejo de la Judicatura Federal establezca los tribunales colegiados de apelación y los plenos regionales, así como para precisar un plazo de 180 días para su proceso de transición; se regula el inicio de la sistematización de precedentes y el trámite conforme a la norma vigente al momento de su presentación de los recursos de reclamación y de revisión administrativa en contra de las designaciones de juezas, jueces, magistradas y magistrados.
Para la discusión en lo particular se reservaron los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107, así como el artículo sexto transitorio del proyecto de decreto.