El incremento de riesgo en corrupción se ha generalizado en la adquisisción de bienens y servicios.

MÉXICO, 18 de agosto 2021.- El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alertó sobre un aumento considerable de riesgos de corrupción en compras públicas en México, ello al señalar que entre 2018 y 2020, en 147 (59%) de 247 instituciones federales, se identificaron prácticas peligrosas como la falta de competencia, poca transparencia e incumplimiento de la ley a la hora de adquirir bienes y servicios.

Al presentar el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC), una herramienta desarrollada por el IMCO para medir malas prácticas y problemas potenciales de corrupción se analizaron unos 498 mil procesos de compra, en los que se identificó que la falta de licitaciones prevalece en un gran número de instituciones.

Además de que algunas instituciones incumplen con la publicación de cada compra, aunado a que las adquisiciones públicas cuentan con plazos cortos y su publicación es tardía, contrario a lo establecido en la ley.

De acuerdo con el IMCO y los datos de Compranet, en el 2020, el gobierno federal realizó adjudicaciones directas por 205 mil 195 millones de pesos, lo que representa 43% del monto contratado en todo el año.

En el mismo periodo, las compras realizadas por licitación pública alcanzaron 40% del total.

“Esta es la primera vez desde que hay registros en Compranet que los recursos destinados a adjudicaciones directas por el gobierno federal son mayores a los contratados mediante licitaciones públicas”, alertó el estudio.

Empresas fantasma

En el reporte se destacó que entre 2018 y 2020 el gobierno federal adjudicó más de 4 mil millones de pesos a empresas de reciente creación, es decir, que fueron constituidas menos de un año antes de recibir un contrato.

Además, el IMCO encontró que hubo celebración de convenios con empresas fantasma, es decir, con inexistencia de operaciones de acuerdo con el listado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), por más de 256 millones de pesos.

Por institución federal, el informe precisó que las compras públicas sin competencia prevalecen en dependencias como la Secretaría de Marina (Semar) y API Salina Cruz. En el primer caso, se indicó que la Semar asignó 96% del monto de las compras que realizó a procesos de excepción; mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación restringida (24%).

Mientras que la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz es la institución más riesgosa en la clasificación del monto muy alto (compras por más de 3 mil millones de pesos) por la falta de competencia. En 2020, gastó 4 mil millones de pesos, de los cuales 99% fue adjudicado directamente.

Asimismo, se alertó que gracias a que la ley los excluye, no fue posible monitorear los riesgos de corrupción de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

 

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