MEXICO, 23 de septiembre de 2021.--Un lobby conformado por decenas de altos funcionarios, empresarios,

asociaciones, legisladores, diplomáticos y entidades internacionales se ha unido ante el decreto presidencial publicado en diciembre de 2020 que busca prohibir el maíz transgénico y el glifosato -un agroquímico que ha sido señalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como probable carcinógeno en humanos-, según una investigación de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

Este lobby defiende los intereses de las corporaciones del agronegocio, cuyo mercado de importaciones ascendió a mil 667 millones de dólares en la última década. Este ha aumentado año tras año y en 2020 se importó más del doble del valor adquirido en 2010. Lo inédito del decreto y sus promotores del Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medioambiente y Competitividad (Gisamac) -integrado por secretarías y dependencias, consejos, organismos y asociaciones- fue que por primera vez se desafió a las empresas transnacionales y mexicanas de la industria química de los plaguicidas, así como a funcionarios que han defendido los intereses de las compañías que se benefician de un modelo de desarrollo en el campo industrializado, a base de semillas híbridas, transgénicas y agroquímicos tóxicos.

Esta alianza a favor del glifosato ha actuado como un lobby al menos desde 2004, donde las trayectorias de diversos actores públicos o privados han coincidido con las agendas de promoción de los transgénicos y plaguicidas tóxicos como el glifosato, impulsadas en México por corporaciones transnacionales como Monsanto (comprada por Bayer en 2018), que pertenecen a la red de transnacionales agrupadas en CropLife International y sus divisiones regionales.

De acuerdo con una revisión de más de 600 documentos, una veintena de solicitudes de información, audios, conversaciones y un análisis de 230 eventos, así como testimonios de altos funcionarios, exfuncionarios y expertos, se reveló que este lobby o grupo de cabildeo está formado por 41 aliados, de los que destacan el exjefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos; Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, así como asociaciones, cámaras empresariales y empresas agroquímicas, algunas enlazadas a entidades internacionales.

Algunos están vinculados a nivel nacional a la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos A.C., (UMFFAC) y al Consejo Nacional Agropecuario (CNA). En tanto, en la esfera internacional, se encuentran corporaciones como Bayer-Monsanto, Syngenta o BASF, entre otras, que en México pertenecen a la asociación de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt), también vinculada al CNA, a su vez dentro de Croplife Latin America.

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