México, 24 de julio de 2022 :-: Las autoridades contarán con los datos de quien cometa violencia física, tráfico de menores, pornografía infantil,

abuso sexual, violación, abandono y hasta deudor alimentario

Melissa Vargas, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso la creación del banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, esto para promover mejores condiciones de vida entre la población infantil en México.

Este domingo 24 de julio la Cámara de Diputados difundió que la iniciativa con proyecto de decreto busca que las procuradurías de protección en México coordinen esfuerzos para integrar esta base de datos y, de este modo, materializar la finalidad de salvaguardar la integridad, tanto física como mental de este demográfico.

Específicamente, Vargas Camacho propuso adicionar una fracción XVI al artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), en la cual se estipula que el banco constará de dos apartados; el primero integrará un registro de datos de niñas, niños y adolescentes agredidas, el cual será privado y tendrán acceso las dependencias que por su naturaleza atiendan víctimas, para evitar la revictimización.

El segundo, señaló, se denominará registro de agresores y agresoras que hayan sido sentenciados por violencia física, tráfico de menores, pornografía infantil, abuso sexual, violación, abandono y por ser deudor alimentario. Asimismo, plantea que la información del agresor será pública y cualquier institución o ciudadano podrá acceder a ella mediante una solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la priista, con esta propuesta se busca hacer frente a los casos de violencia contra menores, mismos que difícilmente son denunciados, ya sea por temor al agresor, a la exposición pública, a la estigmatización, la desconfianza en las autoridades, el desconocimiento de los derechos o bien por la ausencia de mecanismos disponibles y accesibles para reportar y pedir ayuda.

Durante la exposición de motivos, Melissa Vargas señaló que ante la multiplicidad de registros, la falta de interrelación entre estos y la insuficiente información estadística sobre la violencia, resulta complejo diseñar e implementar políticas de prevención y protección integrales y coherentes para ponerle fin, lo cual enmarca el tamaño del reto para que el gobierno genere este mecanismo.

Detalló que en México son pocos los datos nacionales que permiten abordar con amplitud las manifestaciones de la violencia en el hogar; sin embargo, afirmó que es posible saber que casi cuatro de cada 10 madres, y dos de cada 10 padres, sin importar el ámbito de residencia, reportan pegarle o haberles pegado a sus hijas o hijos cuando sintieron enojo o desesperación.

Aunado a ello, dos de cada 10 mujeres reportaron que sus esposos o parejas han ejercido violencia física contra sus hijas o hijos en las mismas circunstancias. De acuerdo con los resultados citados, la proporción de violencia masculina es mayor en contextos rurales que urbanos.

Entre los 33 países que pertenecen a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en violencia física, abuso sexual y homicidios de menores de 14 años, por lo que la priista advirtió que los problemas centrales en relación al maltrato infantil es que se considera un problema del hogar, pues los victimarios suelen ser familiares cercanos a los niños.

Finalmente, planteó que, al ser un problema catalogado dentro de lo doméstico, la sociedad interpreta que la violencia ejercida contra las niñas, niños y adolescentes forma parte de su educación y que se entiende como un fenómeno normalizado, por lo que se toma como una medida que pueden emplear los adultos contra sus hijos. Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia.

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