La iniciativa de ley establece desaparecer un total de 18 paraestatales y fideicomisos autónomos
México, 18 de abril 2023—El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió una iniciativa a la Cámara de Diputados en donde buscará eliminar o fusionar 18 organismos de la Administración Pública Federal, entre los que destacaron la supresión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, así como la fusión del Instituto Nacional de Personas Adultas (INAPAM) y del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) con las Secretarías del Bienestar y de Trabajo y Previsión Social (STPS).
De acuerdo con el planteamiento, la idea del mandatario mexicano se basa en que dichas instituciones se formaron bajo el modelo neoliberal para expandir los recursos del Estado; sin embargo, esta nueva reforma buscaría eficientar los recursos públicos, así como agilizar los procesos administrativos.
“La receta neoliberal acarreó la pauperización de la sociedad, el aniquilamiento de los derechos fundamentales y el debilitamiento del Estado”
Sobre el mismo tenor, la iniciativa explicó que la expansión del aparato burocrático que se desarrolló en dicho periodo neoliberal, en realidad, fue un reflejo de las prácticas institucionalizadas del clientelismo y corrupción, además de un presunto debilitamiento de las secretarías de Estado y restándoles facultades.
“La presente iniciativa tiene por objeto racionalizar la estructura orgánica de la Administración Pública Federal (APF), con el fin de eficientar los recursos públicos, agilizar los procesos administrativos y aprovechar los bienes nacionales adecuadamente”, se pudo leer.
Asimismo, se especificó que entre las 18 instituciones se encuentran órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas; las actividades de éstas pasarían a secretarías del Estado.
“Se busca que el aparato burocrático de la Nación se aboque a la satisfacción de los derechos humanos de la población, fundamentalmente a la educación, la salud y la vivienda, además de garantizar la seguridad ciudadana, la cultura y las comunicaciones, entre otras prioritarias nacionales”, fue una de las argumentaciones que se presentaron en la iniciativa.
-¿Qué instituciones serán eliminadas o fusionadas?-
En la propuesta se especificó que se eliminaría la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y el Fideicomiso del Fondo Minero.
Se eliminan como órganos desconcentrados y se convierten en oficinas administrativas:
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes; Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas; Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura; el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera; el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático; Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía; Instituto Mexicano de la Juventud; Instituto Nacional de la Economía Social; Instituto Nacional de las Personas Mayores; Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad; Dirección General de Publicaciones y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y de las Adolescencias.
Aunado a lo anterior, mantendrán su carácter, pero cambiarán de dependencia la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe; pues pasa de la Secretaría de Educación Pública (SEP) al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
Específicamente con el Sistema Nacional Anticorrupción, la iniciativa propuso “suprimir al órgano sin sustento constitucional” para que sus funciones pasen a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la cual consideraron de poder asumir dichas tareas, “pues cuenta con personal profesional dedicado al combate de la corrupción”.
“La presente iniciativa tiene como objeto suprimir al organismos descentralizado denominado Secretaría Ejecutiva, creado en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción sin sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para encomendar sus funciones a la Secretaría de la Función Pública sin crear nuevas estructuras burocráticas incensarías”, explicó el Ejecutivo Federal en la iniciativa.