México, 22 de junio 2023—La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer la segunda
parte del “Plan B” de la reforma electoral que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abanderó desde 2022 para debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE).
Este apartado incluía cuatro leyes que buscaban reducir la estructura del organismo y le restaban facultades de supervisión y sanción a los partidos. La primera parte establecía ajustes para permitir a funcionarios expresar opiniones políticas sin riesgo de ser sancionados por hacer propaganda electoral.
Ayer, nueve de los 11 ministros votaron a favor de la invalidación de la segunda parte del “Plan B”, pues argumentaron que se incurrió en “violaciones graves al procedimiento legislativo” al cambiar la iniciativa de ley que había sido aprobada previamente por los propios legisladores federales.
Al anticiparse la decisión del Máximo Tribunal del país, López Obrador acusó esta semana a los ministros de estar alineados con el “bloque conservador”.
El Mandatario afirmó que el Poder Judicial está “al servicio de una minoría” y que “no se imparte justicia tomando como actor principal al pueblo. Es un poder al servicio de una élite política y económica”.
Por otra parte, legisladores de Morena en la Cámara de Diputados aseguraron que ya está en marcha su “Plan C”, que consiste en buscar “carro completo” en las elecciones de 2024.
“El día de hoy inicia el ‘Plan C’ para convertir a México en un país verdaderamente democrático. Para que el soberano sea el pueblo y no las mafias electorales ni la partidocracia”, resaltó el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier.
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, comentó que la caída total del “Plan B” es “una buena noticia para la democracia mexicana”.
### Lo que la Corte evitó
Al batear el “Plan B”, los ministros lograron frenar:
- Que el Gobierno valide quién vota desde el exterior.
- La exposición de datos personales de los electores. El “Plan B” ponía en riesgo su protección.
- Cortar la cabeza ejecutiva del INE, puesto nombrado por el Consejo General.
- Abolir las 300 Juntas Ejecutivas Distritales, fundamentales para realizar las elecciones.
Votaron a favor los ministros: Pérez Dayán, Ríos Farjat, Alcántara, Aguilar Morales, Ortiz Mena, Pardo Rebolledo, Laynez Potisek, Norma Piña y Arturo Zaldívar. ESPECIAL
::-Da Corte el tiro de gracia al “Plan B” del Presidente-::
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio ayer el tiro de gracia a las reformas electorales impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, denominadas “Plan B”.
Con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, una mayoría calificada de los otros nueve ministros de la SCJN determinó invalidar la segunda parte, y por lo tanto la totalidad del “Plan B”, por violaciones graves en el proceso legislativo de aprobación en el Congreso, dominado por el Morena y sus aliados.
Con un argumento similar, la Suprema Corte desechó la primera parte del “Plan B” en mayo porque la mayoría en el Congreso violó el proceso legislativo durante su aprobación en febrero pasado.
“Resulta claro, evidente, que se violó el principio de deliberación democrática, porque no había manera de que los legisladores conocieran ni siquiera superficialmente el texto de lo que estaban votando”, señaló el ministro ponente Javier Laynez Potisek.
Al señalar que el decreto impugnado pasó por el mismo proceso legislativo que la primera parte de las reformas electorales analizadas, el ministro Juan Luis González Alcántara señaló que lo procedente es invalidar la segunda parte.
“Compartió los mismos vicios legislativos que este tribunal pleno ya declaró por mayoría calificada que tienen un potencial invalidante por su grave afectación al principio de democracia deliberativa, que debe regir todos los trabajos legislativos. Por lo tanto, por congruencia y también por convicción, debo pronunciarme a favor de la invalidez del decreto impugnado, por las violaciones al proceso legislativo”.
El ministro Alberto Pérez Dayán afirmó que “no se puede ser deferente (respetar) con nadie, si lo que se viola es la Constitución”.
Luis María Aguilar externó la importancia de respetar la Constitución.
“Si no la respetamos y defendemos desde los poderes públicos, traicionaríamos nuestro deber de lealtad a la voluntad del pueblo de México”, argumentó.
Al igual que en la discusión del 8 de mayo, las ministras Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, cercanas a López Obrador, votaron en contra de invalidar la legislación.
Esquivel Mossa consideró que invalidar la segunda parte del “Plan B” de la reforma electoral solamente por vicios legislativos resta credibilidad a la Suprema Corte, que se enfoca cada vez más en este tipo de “exámenes superficiales”.
Al anunciar su voto en contra de anular más de 450 normas electorales impulsadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Esquivel Mossa afirmó que la misión del máximo tribunal del país va más allá de verificar si los legisladores cumplieron con su reglamento parar procesar una ley.
“Las ministras y ministros estamos llamados a revisar la regularidad constitucional de los contenidos del orden jurídico nacional porque esta función es la que efectivamente redunda en el equilibrio de los poderes de la unión”,
La primera parte impugnada de la reforma electoral redefinía el concepto de propaganda para que funcionarios pudiesen pronunciarse durante las campañas y elecciones, algo prohibido por la veda electoral.
En su totalidad, la polémica iniciativa proponía recortar tres mil 500 millones de pesos del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo autónomo que organiza las elecciones.
También eliminaba el 85 % del servicio profesional electoral y permitía al Ejecutivo intervenir en el padrón electoral, por lo que la oposición y organizaciones civiles acusaron al Gobierno de sacudir las reglas rumbo a los comicios presidenciales.