México, 08 de agosto 2023—Esta investigación de Quinto Elemento Lab, se revelan prácticas del DIF, en
al menos nueve estados del país, en el que personas de grupos vulnerables son enviados a anexos, a pesar de no tener problemas de adicción.
En esta investigación se demuestra que algunos de ellos han recibido maltratos e incluso tortura en estos centros de rehabilitación para adicciones.
En un cuarto de la segunda planta de la casa, Chuy mira una película en la televisión. Alrededor de él hay decenas de cobijas tendidas en el piso donde dormirán en filas los 35 hombres que viven en este centro de rehabilitación de adicciones en Nezahualcóyotl, Estado de México. En cuanto dan las seis de la tarde, el encargado corta en seco la película, ordena despejar el área, colocar sillas y traer de la otra habitación una tribuna de madera.
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“Mi nombre es Enrique y soy alcohólico drogadicto”, arranca un hombre de 36 años, el primero de la lista de oradores en la tercera junta del 12 de noviembre de 2022. “Para poder detener a ese monstruo que vive dentro de mí, debo estar dentro de una agrupación, compañeros”. Chuy se quedó en la puerta. Pasará el rato inclinado sobre una mesa, trazando círculos en una pequeña hoja de papel.
Él no se llama Chuy pero así le pusieron en otro centro de rehabilitación donde lo dejaron los funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (dif) hace cuatro años. En este otro lugar, al que llegó en 2022, lo llaman Pe-pe porque son las dos únicas sílabas que suele pronunciar.
Chuy no portaba identificación el día de 2019 cuando la policía municipal lo encontró descalzo y sucio en una parada de autobuses del Estado de México. Nadie acudió a recogerlo luego que la comisaría publicó una ficha con su foto y su descripción como una persona sordomuda de entre 30 y 35 años de edad.
No es la única persona que el dif ha dejado en un centro de rehabilitación para personas con adicciones sin tener un problema de adicción. En 2021 dejó en el mismo lugar a Beto, un niño de 13 años que dormía en un mercado desde que murieron sus abuelos.
Los casos de Chuy y Beto no son excepcionales. Una investigación de Quinto Elemento Lab encontró que los Sistemas dif han encerrado a cientos de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con alguna discapacidad en estos sitios también conocidos como “anexos”. Aún cuando al interior de estos centros se han documentado casos de maltrato, explotación y hasta tortura.
Una revisión a miles de documentos oficiales, búsquedas hemerográficas, y la conversación con víctimas y testigos permitió conocer que los Sistemas dif de al menos nueve estados lo hacen. Eso, en lugar de integrarlos a una comunidad donde estén seguros y donde puedan desenvolverse, lo que contraviene leyes nacionales y tratados internacionales.
El Sistema dif nacional no atendió a repetidas solicitudes de entrevista.
Sin libertad de salir nunca a la calle, las personas pueden permanecer años en estos lugares. Como Janeth que, llevada por el dif, rebotó de un anexo a otro en Michoacán desde los 12 años y hasta que cumplió los 17. O como Anselmo, que pasó sus últimos años en el anexo donde ahora se encuentra Chuy. El dif lo llevó en 2018 con 84 años y la mitad del cuerpo paralizado. Murió ahí tres años después.
Quinto Elemento Lab encontró evidencia de que esto ha ocurrido en Morelos, Ciudad de México, Chihuahua, Michoacán, Aguascalientes, Colima, San Luis Potosí, Tabasco y el Estado de México.
Los dif pagan a los centros de rehabilitación desde mil 900 y hasta 15 mil pesos al mes por persona alojada, según la revisión de cientos de convenios del dif con centros de rehabilitación. Estos documentos, llamados técnicamente Convenios de Coordinación o Concertación, son la vía para formalizar el envío de población a estos lugares.
De 2015 a 2022, los dif de nueve estados firmaron convenios por poco más de 31.6 millones de pesos con centros para el tratamiento de adicciones, encontró Quinto Elemento Lab.
Los dif son los organismos de gobierno encargados de proteger a personas menores de edad y a quienes están en condición vulnerable. A sus manos llegan víctimas de violencia, abuso, orfandad o abandono. Tras casi 40 entrevistas, visitas a centros para personas con adicciones en cuatro estados y la revisión de expedientes, esta investigación documentó que el dif con frecuencia, en lugar de ponerlos a salvo, los expone a mayores riesgos.
“¿Por qué los llevan a anexos si hay casas hogar? (..) Nunca he entendido”, dijo Janeth, que pasó cinco años en anexos en Michoacán. “Al anexo llegan muchas personas muy mal y los que son de dif tienen que ver eso. En un anexo se habla de muchas cosas que uno a lo mejor no ha vivido o no sabe”.
A menudo los anexos son vistos como un centro de asistencia social más, pero los centros para adicciones cuentan con dinámicas distintas a las de una casa hogar, un albergue, un asilo u orfanato.
Alejandro no había consumido drogas ni alcohol pero el dif Ciudad de México lo dejó en el centro de rehabilitación Fundación Jóvenes Tlatilco en 2022, cuando tenía 17 años. Él cree que fue un castigo por haber defendido del maltrato a otros niños en la casa hogar donde vivía con su hermano de ocho años.
Dice Alejandro que en Jóvenes Tlatilco, él y otros niños y adolescentes llevados por el dif convivían las 24 horas con adultos en recuperación y eran obligados a presenciar hasta 12 juntas diarias de Alcohólicos Anónimos. “Un niño de ocho o doce años no está para escuchar esas cosas”, dijo. “Fue bastante difícil, la verdad, tolerarlo todo, bastante difícil el hecho de estar ahí”.
Alejandro fracasó en su primer intento por escapar del anexo, a quince días de haber llegado. Los encargados lo golpearon, lo encobijaron y amarraron de pies y manos como escarmiento, narró una tarde, en una calle céntrica de la capital. En un segundo intento, a los dos meses de su ingreso, logró fugarse.
“Las dependencias envían a la gente a donde haya lugar”, explicó Lisbet Brizuela, directora para México de Disability Rights International (dri), organización que se dedica a la promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. No hay algún parámetro para que el dif decida a dónde llevar a las personas, lo que permite actos arbitrarios. “El sistema es un gran hoyo negro”, añadió.
::: Cárceles privadas :::
Hay centros autorizados por la Comisión Nacional Contra las Adicciones (conadic) bien montados y seguros, incluso algunos aptos para adolescentes, pero la mayoría opera en la clandestinidad, en condiciones de hacinamiento y miseria. Parten de la idea de que las personas “valoren lo que tienen afuera”, como describió el encargado de otro centro de rehabilitación en Nezahualcóyotl.
En el precario salón de unos siete metros de largo por cuatro metros de ancho, donde se realizan todas las actividades, sientan a los 55 varones alojados ahí y los hacen permanecer durante horas en sillas de plástico solo viendo a la pared con la consigna de no hablar, no dormir y no leer. “Los días son muy lentos y no avanzan”, dijo Santiago un joven internado ahí años atrás.