México, 30 de octubre 2024 ::: Uno de los puntos más polémicos de la Reforma Judicial es la figura de justicia
ciega o jueces sin rostro, que protege la identidad de los juzgadores para evitar represalias y deliberar con libertad en casos delicados, como los relacionados con el crimen organizado.
Sin embargo, especialistas afirman que esta figura pone en riesgo el debido proceso, al tratarse de una medida inconstitucional y violatoria de los tratados internacionales en derechos humanos.
El doctor en Derecho, Anuar García, explicó que, en teoría, la figura es positiva para proteger a los juzgadores y que no atenten contra su vida, como ocurrió por ejemplo con el juez Uriel Villegas, quien era juez federal en Jalisco tratando temas del crimen organizado y en 2020 fue asesinado en Colima.
No obstante, este elemento atenta contra el Artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que las personas tienen derecho a ser juzgados por un juez competente e identificado que sea independiente e imparcial. De no cumplirse esto, se atenta contra sus garantías individuales.
“Al ser inconstitucional y contra las convenciones internacionales, muy seguramente llegará un punto donde terminará siendo echada abajo, porque no puede ir en contra de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo órgano en la materia”, añadió García.
Edgar Ayón, académico del departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del ITESO, afirmó que el mayor riesgo de los jueces sin rostro es que, en casos de crimen organizado, cualquier persona podría ser juzgada bajo este delito, lo que abriría el camino a perseguir a quienes van en contra de la ideología del partido en el poder.
“Si no cumplimos con estas garantías procesales, corremos el riesgo de que el día de mañana cualquier persona pueda ser acusada por delincuencia organizada y no tener una salvaguarda constitucional y jurisdiccional que la pueda defender del señalamiento”, indicó el maestro en Derechos Humanos.
Rubén Ortega, doctor en Derecho y académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), acentuó que la medida es un retroceso de la justicia en México. “Los jueces sin rostro no caben en el derecho penal actual”.
Dos países que implementaron la justicia ciega en sus legislaciones fueron Perú y Colombia, con malos resultados. En la primera nación, el Gobierno de Alberto Fujimori lo aprobó en 1992 y lo uso para encarcelar injustificadamente a personas inocentes.