Tabasco, México, 5 de diciembre de 2025 ::: El 21 de noviembre fue un día de fiesta en el sureño estado de Tabasco,
México. El Gobierno regional abrió las puertas del Estadio Centenario para que la población pudiera apoyar en una transmisión en vivo a la candidata originaria de ese estado en la final del concurso de belleza Miss Universo que se desarrollaba en Tailandia. El evento, sin embargo, puso en evidencia la compleja relación entre la belleza y el crimen organizado en México.
Y Fátima Bosch, hija de un funcionario de la petrolera estatal Petróleos Mexicanos, resultó ganadora. Estalló el festejo popular que se extendió, llovieron felicitaciones, desde Pemex hasta de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pero la alegría duró poco, rápidamente llovieron denuncias y revelaciones de favoritismos, corrupción y crimen organizado alrededor de este concurso.
::: Del favoritismo al narcotráfico
De repente salió a relucir un oscuro entramado que, en opinión de analistas, pone a prueba la voluntad y capacidad del Gobierno mexicano a enfrentar sofisticadas formas de crimen organizado que involucran a servidores públicos, empresas privadas, militares y cárteles que se confabularon para defraudar al Estado.
El escándalo empezó ya antes de la victoria de Bosch: dos de los ocho miembros del jurado renunciaron y uno de ellos, el músico franco-libanés Omar Harfouch, criticó la selección de las 30 finalistas en su canal de Instagram como "un importante conflicto de intereses”.
Eso llamó el interés de los medios de la farándula, que sacaron entonces a la luz el nombre del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, propietario de la mitad de la organización Miss Universo y un importante y controvertido empresario que tiene contratos millonarios con Pemex. La pista condujo a indicios de sus vínculos con otros escándalos anteriores, en una investigación periodística sobre corrupción en la adjudicación de contratos públicos.
Los sobresaltos no terminaron allí: poco después, autoridades filtraron que sobre Rocha Cantú pesa desde hace un año una orden de detención porque se lo acusa de liderar una red de tráfico de drogas, armas y combustible entre México y Guatemala.
::: Renuncia del fiscal general y un reto para Sheinbaum
En dicha red, según investigaciones periodísticas, están involucrados altos funcionarios e incluso miembros de la propia Fiscalía General de la República, lo que llevó a la renuncia del fiscal general Alejandro Gertz Manero, cuyo mandato de nueve años que comenzó en 2019 terminaba en 2028.
Para analistas consultados por DW, el caso pone en jaque al Gobierno de la presidenta Sheinbaum. "No es un clásico caso de corrupción", advierte la presidenta de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, María Amparo Casar. "Es la segunda red de huachicol (tráfico ilegal de combustible en la jerga delictiva mexicana) que se destapa en pocos meses, luego del caso que involucró a la Marina", subraya en entrevista con este medio.
Explica tres razones que hacen particular el huachicol: "Primero por el alto monto del daño al erario, con más de 500 mil millones de pesos (23.000 millones de euros); segundo, porque se hacen palpables los vínculos entre el crimen organizado y diferentes instituciones y personajes políticos; y tercero, por los complejos mecanismos que se tuvieron que montar para tal fin, con tecnología, logística e inteligencia, los que requieren la participación de muchos actores privados y públicos".
En esto coincide Eduardo Bohórquez, representante de Transparencia Internacional en México. "El tráfico de combustible es un negocio macrocriminal global", comenta a DW. "No es la pequeña corrupción que le quita dinero a las arcas del Estado, es una operación de fraude fiscal más complicada de detectar".
Como ejemplo, añade que son necesarias estructuras transnacionales para lavar ese dinero, como "patrocinar un concurso como Miss Universo al que se inyecta mucha liquidez".
::: Repensar la estrategia de combate al crimen
Por eso, el politólogo con un posgrado en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Cambridge, Reino Unido, considera que México tiene que repensar su política anticorrupción y enfocarse mucho más en inteligencia financiera.
Según el especialista en temas de corrupción, la renuncia del fiscal general, acusado de usar la Fiscalía para fines personales y no colaborar lo suficiente con el Gobierno, apunta a esto: "Es un intento de hacer que la Fiscalía sea operante", estima Bohórquez.
También Casar considera que, con la nueva fiscal general, Ernestina Godoy, habrá una mejor coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública que encabeza Omar García Harfuch para perseguir las redes de crimen organizado. Pero advierta que eso no quiere decir que se vayan a perseguir los crímenes que afecten a la clase política.
Ambos fueron funcionarios de la administración de Sheinbaum cuando esta fue jefa de Gobierno de la capital (2018-2023).
"Conociendo la realidad mexicana, dudo que vaya a ser un parteaguas en la lucha contra la corrupción", dice la doctora en Ciencia Política por la Universidad de Cambridge, recordando que, hace siete años, el predecesor y mentor político de Sheinbaum, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, decretó la muerte de la corrupción en México. Y los escándalos siguieron.