La jueza constitucional llamó a los juzgadores de todo el país a cumplir con la obligación de garantizar la protección de los derechos fundamentales de los mexicanos y el acceso a la justicia
Ciudad de México::: a 9 de octubre de 2026::: Maestra en derechos humanos y catedrática de esta asignatura, cuya materia ha impartido en diversas universidades, la ministra Loretta Ortiz Ahlf demandó que el Estado mexicano garantice el derecho a la paz como derecho humano.
La jueza constitucional se pronunció así al participar en la Segunda Sesión del Seminario Interinstitucional, La Justicia Constitucional de México frente a los Desafíos de la Transformación del País, organizado por la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN), y quien puntualizó que el derecho a la paz es un de los más fundamentales para poder vivir.
“El derecho a la paz es indispensable para ejercer los demás derechos humanos”, dijo, y destacó la necesidad de fortalecer la regulación y fiscalización de las armas, garantizar su identificación y trazabilidad, así como impulsar la cooperación internacional.
“La circulación de armamento fortalece a los grupos delictivos, agrava la violencia y favorece fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y la extorsión. Sus repercusiones en la vida cotidiana, particularmente en la seguridad de la niñez, así como en la libertad de las comunidades para desarrollar sus actividades” son evidentes, cuando no se puede ir a la escuela, cuando se trastoca el curso normal de las comunidades.
La ministra recordó a los jueces y juezas, magistrados y magistradas de todo el país su obligación de garantizar la protección de los derechos humanos, de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución federal, así como el acceso a la justicia y la rendición de cuentas.
Armando Hernández Cruz, titular del Centro de Derechos Humanos y Buen Gobierno del (INAP), expuso que garantizar la seguridad ciudadana exige fortalecer las capacidades institucionales sin perder de vista la protección de los derechos humanos.
Advirtió que la libertad pierde sentido cuando las personas no pueden ejercerla por miedo a la violencia, y señaló que las políticas de seguridad deben evaluarse mediante métodos científicos e indicadores que permitan conocer sus resultados, identificar deficiencias y corregir las estrategias que no respondan a las necesidades de la población.
“La seguridad pública y los derechos humanos deben coexistir en equilibrio, pues proteger a las personas no implica elegir entre seguridad y libertades fundamentales. La seguridad ciudadana debe colocar a las personas en el centro de las políticas públicas y los derechos humanos no constituyen un obstáculo para garantizarla, sino su finalidad principal”, expresó.
Ariadna Salazar Quiñonez, coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, centró su intervención en la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana sin menoscabar los derechos humanos.
Indicó que ésta comprende no sólo la protección frente a la violencia, sino también la prevención del delito, la participación social y el fortalecimiento de instituciones democráticas
“ Alcanzar estos objetivos requiere la colaboración entre autoridades y ciudadanía, con especial atención a las personas en condiciones de vulnerabilidad”.
Concluyó que los principales retos incluyen atender la crisis de desapariciones de personas, reducir los delitos, garantizar el acceso efectivo a la justicia y consolidar controles democráticos sobre el uso de la fuerza, mediante políticas públicas que respondan a las necesidades reales de la población.
@eloisadominguez
Eloísa Domínguez, reportera, con 26 años de experiencia. Antes ha sido editora de temas internacionales, además de las secciones Seguridad y Justicia y jefa de las secciones CDMX en diversos medios impresos. Colabora también para la revista 'Buzos de la Noticia'