La diputada federal perredista Lizbeth Eugenia Rosas Montero anunció la presentación de una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan

diversas disposiciones de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
En conferencia de prensa, y acompañada del coordinador legislativo perredista, Silvano Aurioles Conejo, explicó que en esta propuesta se prevé priorizar la prevención, antes que la reacción, a través de dotar de voz y voto a los ciudadanos.
Destacó que un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revela que jóvenes de entre 14 y 21 años están involucrados en 78 por ciento de los delitos cometidos por grupos de delincuencia organizada.
En general, son jóvenes de sectores marginados que viven desde temprana edad la violencia. En el país, 44 por ciento de los jóvenes de 12 a 29 años son pobres, esto es, casi 20 millones. De ellos, 60 por ciento vive en el campo, explicó.
La diputada federal detalló que según cifras delictivas en enero pasado se registraron 112 mil 400 robos con y sin violencia, dos mil 409 homicidios, 98 secuestros y 896 violaciones, según registró el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Recordó que en días recientes el Ejecutivo federal presentó las Bases del Programa Nacional de la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia e instaló la Comisión Intersecretarial, con base en la actual Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 2012.
Sin embargo, ni en la ley ni en el programa se especifica cómo participará la ciudadanía, por lo que se trata de una "prevención social" de escritorio y sólo desde la óptica gubernamental.
Rosas Montero destacó que en su propuesta de reforma prevé garantizar la verdadera participación ciudadana y no dar lugar a entes improvisados o corporativos que se auto nombren "opinión pública" o representante de "x" sector.
Se trata, precisó, de propiciar una participación transparente, basada en la experiencia social, académica y de investigación.
Esta participación ciudadana deberá ser, además de consultiva, con poder vinculante, de modo que las decisiones y deliberaciones desemboquen en proyectos, programas o acciones de las instituciones competentes.
Algunos de los objetivos de su propuesta de reforma son generar un marco legal de coordinación de diversas instituciones municipales, estatales y federales en materia de prevención al delito.
Así como generar un marco legal de coordinación de diversas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, comités ciudadanos y demás organizaciones ciudadanas que trabajen en materia de prevención al delito, añadió.

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