La anquilosada y corrompida estructura sindical mexicana que prevalece es el origen de que el país siga rezagado, le sirvieron al viejo régimen del PRI, pero ahora son infuncionales afirmó Silvano Aureoles Conejo, líder parlamentario del PRD, al advertir que “no debe haber intocables”; el Verde Ecologista apunta que “Roma no se construyó en un día”.
El vocero de la bancada perredista, Carlos Reyes Gámiz advierte que la detención de la maestra Elba Esther “no debe ser un tema de moda ni efímero”, al pronunciarse porque la Comisión Anticorrupción anunciada por el Ejecutivo federal debe ser elevada a rango constitucional.
Considero que Carlos Romero Deschamps, líder  del sindicato petrolero  debe ser el siguiente en la lista, si el Presidente Peña Nieto “confirma su voluntad de combate a la corrupción y de no solapar este tipo de latrocinios”, hay denuncias documentadas, bien integradas que deberían ser tomadas en cuenta.
La también perredista por Nuevo León, Socorro Ceseñas Chapa advirtió que el sindicalismo charro en México ha sido promovido por el propio Estado para corromper a sus líderes y utilizarlos para controlar y tener sometidos a los agremiados a través del cacicazgo de los sindicatos y “los fortalece o destruye a su conveniencia y cálculo político”.
Se tiene en escena a un “nuevo PRI” que promueve la detención de una cacique sindical bajo la bandera de “justicia y rendición de cuentas”, pero se olvida que ese mismo partido, en la Cámara de Diputados se opuso férreamente a aprobar los artículos 388 bis y 390 de la reforma laboral, y que establecían la democratización de los sindicatos, mediante la emisión de voto libre, directo y secreto de sus agremiados, así como la transparencia y rendición de cuentas de las cuotas de los trabajadores.
Aureoles Conejo advirtió que si la decisión del Gobierno federal va en serio contra la corrupción e impunidad, debe ir a fondo en el combate a los monopolios sindicales, “sin afectar la autonomía de las organizaciones sindicales, y privilegie el interés general y se haga justicia”, precisó en entrevista durante la sesión en San Lázaro.
“México sigue rezagado, muy rezagado en esta materia porque son estructuras muy viejas ya anquilosadas, muy corrompidas, infuncionales, que le sirvieron al viejo régimen del PRI. Pero que hoy se han convertido en un obstáculo para el propio desarrollo”.
En muchos sectores como en el educativo y energético prevalecen los viejos estilos de caciques al seguir imponiendo sus reglas y manejando esas organizaciones como si fueran un patrimonio personal, los recursos de los trabajadores como si fueran un recurso personal; al final del camino son recursos públicos, ya que de ahí se les paga a los empleados de Pemex, a los maestros, “al final del camino son recursos que vienen del erario público y debería de haber  un seguimiento”, propuso el michoacano del PRD.
“No debe haber intocables, si el gobierno se queda solamente con el hecho espectacular de haber detenido a una dirigente sindical poderosa y al resto no se les toca, habrá la percepción de que se repite la historia de los sexenios del PRI. Que se repite la historia del sexenio de Salinas, de Zedillo; con el PAN no hubo tal, porque más bien se dedicaron a protegerlos y a comprarlos”, es riesgo es repetir  esa fórmula si no hay el mismo trato para todos.
El vocero del sol azteca en San Lázaro, Reyes Gámiz adelanto que en la reforma que se avecina relativa al IFAI, la izquierda impulsara que los “sujetos obligados a rendir cuentas sean los sindicatos. Ya no podemos en nuestro país tolerar que sigan por conveniencias políticas auspiciados nichos de corrupción, como lo ha sido el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación”.
Era un tema a todas luces conocido, que todo mundo daba cuenta manifiesta de una indebida utilización de los recursos del SNTE por la líder vitalicia maestra, al reconocer esta decisión del Presidente Peña Nieto dijo, que debe acompañarse por erigir una Comisión Anticorrupción, con rango constitucional que tenga capacidad jurisdiccional en sus resoluciones.
Si alguien delinque que se sujete a un proceso judicial y que además la integración de esa Comisión Anticorrupción no dependa del Ejecutivo federal ni de la partidocracia, sino en todo caso, sea una determinación, a través de la insaculación de personas que por méritos académicos tengan esa condición, concluyó.

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