Francisco Arroyo Vieyra

A legislar “sin complejos, ataduras ni corruptelas, y sin ceder a las presiones que cada vez están más presentes en el mundo de los parlamentarios”, ahora que el  Congreso va a hacer una serie de reformas trascendentes, de leyes que no se tocaban hace medio siglo convocó Francisco Arroyo Vieyra, presidente de la Cámara de Diputados


Lo anterior luego de recibir en el Teatro Juárez en la capital de  Guanajuato el Premio Estatal de Jurisprudencia 2013 que otorga anualmente la Barra de Abogados de esa entidad.
Reconoció que los legisladores se han quedado cortos porque, de pronto, “no respondemos con la velocidad obligada al actual mundo vertiginoso, y cuando lo hacemos vemos que la sociedad va más rápido que nosotros”.
El prestigio y la eficacia de un Congreso se mide no por el número de iniciativas que dictamine, sino por la velocidad  con que legisle, y el grado en que “nos estemos adelantando a hacer nuestra tarea”, precisó el diputado federal por Guanajuato.
Arroyo Vieyra recordó: “Ya tocamos la Ley Federal del Trabajo, ya hicimos la reforma educativa y ahora vamos –este lunes- por la Ley Federal de Telecomunicaciones; vamos por una reforma energética y una hacendaria; vamos por una reforma política, por una a nuestros códigos civiles y por otra a nuestros códigos de procedimientos”, con lo cual la actualidad del parlamentario se hace muy vigorosa.
En este marco, el diputado presidente en San Lázaro destacó que en la actualidad el derecho parlamentario tiene una vivencia extraordinariamente leal en el contexto democrático del país, a diferencia de cuando “no había necesidad de explorarlo, desarrollarlo ni mucho menos aplicarlo, con un partido casi único y  un poder político casi hegemónico”.
Arroyo Vieyra afirmó que se ha comenzado a generar un diseño para el Estado mexicano rompiendo la vieja idea de los tres poderes clásicos, al generar una serie de instituciones que pululan en el mundo de lo jurídico, más allá del Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Para concluir, consideró necesario implementar reformas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y de sus leyes de medios de impugnación, para hacerlo menos complejo.

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