Carlos Romero Deschamps tiene pendientes varias acusaciones, entre ellas la AP1072/DDF/2004 en la PGR y la FDF/T/T1/467/06-06 en la PGJDF, por lo que la nueva dirigencia del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), demandaron tanto al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam como al fiscal capitalino Rodolfo Ríos Garza, desempolven dichas averiguaciones para fincarle responsabilidades penales por la comisión de diversos ilícitos.
Jorge Hernández Lira, nuevo secretario general del STPRM, en compañía de su comité ejecutivo, en conferencia de prensa, informaron que confían que el presidente Enrique Peña Nieto, avale sus palabras en el sentido de que en México “no hay intocables y de que las cuotas de los trabajadores no son para el líder espurio y su familia”, al tiempo de exigir se cumplan los mandamientos tanto judiciales como laborales para que asuman la dirigencia conforme a la ley, para lo cual desde el pasado 4 de enero ya enviaron sendos oficios tanto a los secretarios de Gobernación, Energía, Trabajo y director de Pemex, entre otras, para notificarles sobre su elección, misma que ganaron con un 71 por ciento, en donde votaron 26 de las 36 secciones que conforman dicha organización sindical.
En relación a las averiguaciones previas dijeron que en la PGR se integró una averiguación derivada de la controversia del convenio 10-275/04, de octubre de 2004, con base a que el entonces director de Petróleos Mexicanos, Raúl Muñoz Leos, y Carlos Romero Deschamps transfirieron 8 mil millones de pesos de Pemex al sindicato, al margen del Consejo de Administración de la paraestatal, mismo ilícito que ahora se repite, con la entrega en 2011 de 500 millones de pesos supuestamente un préstamo para vivienda de los trabajadores, pero que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la auditoría correspondiente no aparece ningún empréstito.
Como se sabe, Romero Deschamps tuvo ya varias denuncias y hasta órdenes de aprehensión. En 2002 la PGR integró otras dos averiguaciones previas en su contra por los delitos de peculado simple (expediente PGR/UEDO/ 102/2002) y por peculado electoral (055/Fepade/2002), derivado del escándalo conocido como Pemexgate.
El 22 de septiembre de 2003 el juez decimotercero, José Luis Moya Flores, libró una orden de aprehensión en su contra por ambos delitos, pero en octubre el juez segundo de Distrito del Circuito 13, con sede en Oaxaca, Tomás Quiroz, le concedió un una suspensión provisional, mismo que se negó, pero las autoridades de la PGR, hicieron mutis.
Complicidad de autoridades Por lo que respecta a sus cinco reelecciones, que lo tienen en el poder desde hace más de 20 años, sostuvieron que son contrarias a los estatutos del Sindicato Petrolero. Informaron que desde 2007 se han inconformado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y exigieron la nulidad en la “toma de nota” de Romero Deschamps, argumentando que su reelección se realizó de manera anticipada e ilegal en la asamblea extraordinaria del 27 de octubre de 2005, según el expediente RT610/2007.
Luego de más de cuatro años, en 2011 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje les notificó sobre la anulación del proceso que reeligió a Romero Deschamps para el periodo 2007-2012, pero ni el dirigente sindical ni la Dirección General de Pemex impugnaron este fallo.
Ahora, en octubre del año pasado, reunidos en el local de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, 71% de los 128 delegados de las 36 secciones sindicales eligieron a Jorge Hernández Lira, dirigente de la Coalición Petrolera Independiente, nuevo secretario general del sindicato más poderoso del país y de América Latina.
Un días después Romero Deschamps en una sesión cerrada y sin convocatoria pública, el dos veces senador por el PRI se reeligió ilegalmente para un periodo más de seis años.
El 5 y 7 de noviembre del mismo año el grupo disidente encabezado por Hernández Lira notificó a la Secretaria del Trabajo del gabinete calderonista, Rosalinda Vélez Juárez, y ante Eduardo Andrade Salaveria, presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que él resultó electo secretario del STPRM para el periodo 2012-2018, solicitando a ambos la “toma de nota”.
Dos semanas después, el 23 de noviembre de 2012, la Secretaría del Trabajo les negó la “toma de nota” argumentando “incumplimiento” a varios artículos de los Estatutos Generales vigentes del sindicato, exceptuando el 126, mismo que dice que una sección puede convocar. Para José Luis Camacho, asesor jurídico del grupo que promueve a Hernández Lira, la argumentación de la Secretaría del Trabajo para negarles la “toma de nota” es irregular porque hace caso omiso a lo estipulado en este artículo, que le da facultades a las secciones sindicales de convocar a una convención ordinaria. “Si faltando 30 días para el término del ejercicio del Comité Ejecutivo General, éste ni el Consejo General de Vigilancia han convocado a la Convención Ordinaria, cualquiera de las secciones podrá hacerlo.
Angel Iturralde/This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.