36 Grupos de Autodefensa en Seis Estados

Grupos de autodefensa

Por “acciones urgentes y contundentes” para que los grupos de autodefensa civil cesen sus operativos se pronunció la Cámara de Diputados al exhortar a la Secretaría de Gobernación y a los gobernadores de Guerrero, Michoacán, Chiapas, Morelos, Hidalgo y Jalisco diseñen una estrategia para persuadir y disuadirlos de las actividades de seguridad, a fin de mantener el estado de derecho.


La diputada de Nueva Alianza, Sonia Rincón Chanona al fundamentar el punto de acuerdo, sostuvo que actualmente existen alrededor de 36 grupos de autodefensa, lo que representa un grave indicio de debilidad del Estado en zonas rurales donde el crimen organizado ha adquirido la capacidad de imponer sus reglas a poblaciones enteras.
“No se justifica romper el orden estatal para dar paso a organizaciones que pueden salirse de control y generar una crisis de gobernabilidad. Es urgente que el Secretario de Gobernación, precise públicamente la estrategia que seguirán las instituciones responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos, el acceso expedito a la justicia y la aplicación de políticas para restaurar el tejido social y prevenir el delito”, aseveró la legisladora federal.
Lamentó que las circunstancias creadas por el combate frontal al narcotráfico se traduzcan en actos desesperados por parte de poblaciones indefensas, y, a la vez, en un riesgo mayor para la paz social, tras sostener que los grupos de autodefensa contravienen la legalidad y pueden propiciar enfrentamientos armados que afectarán inevitablemente a la ciudadanía.
El priista Alejandro Moreno Cárdenas destacó que el surgimiento de grupos civiles armados o de autodefensa refleja un problema muy serio en las zonas del país particularmente afectadas por la violencia. “Los grupos de autodefensa deben desaparecer porque en nuestro país no existe esa figura”.
Advirtió que este tipo de grupos representan un riesgo para la paz social, “pues contravienen la legalidad y pueden propiciar enfrentamientos porque no están exentos de ser utilizados por grupos criminales para romper el orden y realizar sus actividades ilícitas con una cobertura de supuesto apoyo popular”.
La panista Consuelo Argüelles Loya compartió la preocupación de los ciudadanos por el clima de inseguridad y el aumento de la incidencia delictiva, “diferimos con la posibilidad de aceptar estos tipos de grupos de autodefensa”.
Permitir que se ejerza la función de seguridad pública a quien no se le ha conferido por la Constitución y el orden jurídico vigente, va en detrimento del Estado de derecho y fomenta la alteración de la paz y el orden público. “Exigimos se garantice la seguridad de las comunidades que hoy se ven en la necesidad de autoprotegerse”.
El perredista Sebastián Alfonso de la Rosa Peláez señaló que la existencia de los grupos de autodefensa pone al descubierto la incapacidad el Estado para garantizar seguridad pública, además de reflejar la marginación y pobreza en la que se encuentran los pueblos; evidencia cómo son violadas sexualmente sus mujeres, sus hijas, son asesinados los esposos y los hijos de las mujeres del campo”, advirtió.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Movimiento Ciudadano, defendió la creación de estos grupos de autodefensa, “están siendo malentendidos. Hoy se intenta culparlos de inseguridad y de violación a la ley”, tras indicar que es un tema muy delicado.
Subrayó que los grupos de autodefensa están aceptados por el 57 por ciento de los ciudadanos y sólo el 22 por ciento lo rechaza. “Los grupos de autodefensa comunitarios pueden ser perfectamente legales y legalizables si actúan como coadyuvantes o auxiliares de la autoridad constitucional en el mantenimiento del orden y la seguridad pública”.
El petista Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara indicó que la autodefensa es una reacción a la ineficacia de los tres niveles de gobierno para garantizar la seguridad pública, más grave ante la colusión de elementos policiacos con los delincuentes, y criticó la propuesta al calificarla como inacabada y parcial, con una redacción inoportuna ante el temor fundado de dichas comunidades que son y han sido víctimas.

 

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