El presidente de la Comisión de Población en la Cámara de Diputados, Javier López, presentó una iniciativa de reforma constitucional para detener y evitar la deuda pública en estados del país y transparentar el uso de los recursos.
La enmienda, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictaminación, propone reformar los artículos 115 y 117 de la Constitución Política, a fin de garantizar que la deuda pública que se contrate para obra, reestructuración y financiamiento se destine sólo a inversión pública productiva.
Además plantea que el monto no exceda al ejercicio del gobierno que la contrate o sea autorizada por el Congreso del estado y que considere sólo hasta un monto previamente determinado de las participaciones programadas.
Con ello, explicó López Zavala, se podrá ayudar a que los recursos con los que dispone el estado sean mejor utilizados y los estados tendrán que sujetarse a los lineamientos establecidos en la Ley de Deuda Pública respectiva.
Refirió que 14 entidades concentran cerca de 96 por ciento de los 95 mil millones de deuda contraída en los últimos cuatro años y son Baja California, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
El aumento de la deuda subnacional generó que 16 estados registren niveles poco óptimos de deuda, pues esta representa más de 50 por ciento de las participaciones que reciben a través del Ramo 28, rubro que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, fue la garantía de más de 80 por ciento de los créditos contratados.
En esta situación se encuentran también Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.
Además, en los últimos dos meses de 2012 alrededor de 124 municipios de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se han declarado en quiebra, precisó el diputado federal.
En la reforma el legislador propone reglas de transparencia para la información financiera, generada por el ejercicio de recursos de deuda pública de las entidades y municipios.
Asimismo la aplicación general de disposiciones armonizando la presentación de la información financiera, y paralelamente en los Presupuestos de Egresos que especificarán los conceptos de inversión pública.
Señaló que con estas reglas se permitirá establecer a nivel local mecanismos que garanticen cerrar espacios a la corrupción, que la sociedad cuente con mayor y mejor información.
Indicó que será necesario que los Congresos de los estados reformen la Ley de Deuda que incluya las características siguientes: Establecer bases claras, regular de manera eficaz y eficiente el uso de los recursos, incorporar la figura de un pagador independiente.
Al señalar que el uso incorrecto de los recursos públicos mina la posibilidad de un futuro en crecimiento y desarrollo para las entidades federativas destacó el nivel de duda de los estados que ha llevado a la quiebra a entidades federativas.
Reveló que de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entre 2000 y junio de 2012, la deuda de estados y municipios aumentó el doble que sus ingresos, y más de 50 por ciento de esos recursos fueron erogados en los últimos cuatro años, sin que se conozca a detalle su destino.
En este periodo la deuda subnacional creció de casi 106 mil millones, a casi 244 mil millones de pesos, de los cuales más de 27 mil millones corresponden a pasivos contratados por municipios.
De los casi 138 mil millones de deuda contraída, 42 mil 710 millones fueron contratados entre 2000 y 2008; mientras que 95 mil 278 millones fueron adquiridos entre 2008 y el primer trimestre de 2012.
En tanto que la deuda subnacional se duplicó, los ingresos estatales crecieron en sólo 57 por ciento, al pasar de 527 mil millones a 829 mil 646 millones de pesos, agregó de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda.