Por un enfoque federalista para evitar el crecimiento desproporcionado de la deuda de estados y municipios se pronunció el PRD en la Cámara de Diputados, situación que se concentra en cinco entidades, por lo que consideró injusto que por esos casos se pretendan eliminar las potestades, incluso de las entidades que manejan responsablemente sus compromisos de pago, y se pretenda manejar desde el Gobierno federal la contratación de empréstitos.
Por lo anterior, el diputado perredista Carol Antonio Altamirano presentó una iniciativa para reformar los artículos 115 y 117 de la Constitución, a fin de frenar el disparo de las deudas locales, con un enfoque federalista; la propuesta contiene cinco aspectos esenciales, destaca, establecer la obligación de las legislaturas locales para que desde el momento de aprobar los compromisos de pago, lo hagan conforme a lo señalado en la Constitución federal.
Rechazó que por los casos de Humberto Moreira y Andrés Granier, ex gobernadores de Coahuila y Tabasco, respectivamente, se pretenda dar un retroceso para manejar centralmente las deudas de los estados y municipios.
En lugar de ampliar el registro federal y dar mayor injerencia a la Secretaría de Hacienda sobre las entidades, el diputado del PRD propuso fortalecer el registro del conjunto de obligaciones de pago en la Cuenta Pública, para mejorar el control por parte de las legislaturas locales.
“En lugar de quitarle potestades a las entidades, lo que se necesita es sostener el federalismo con firmeza. Debemos tener una discusión sobre el límite al endeudamiento, pero respetando las facultades de los estados y los municipios”, destacó Antonio Altamirano, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro.
Indicó que la redacción actual del concepto de inversión pública productiva, permite que cada Estado realice una interpretación conforme a sus leyes de deuda, con lo cual prevalece una diversidad de definiciones, que permiten gastos inadecuados e incluso financiar gasto corriente en vez de inversión, por lo que urge precisar el concepto y eliminar la posibilidad de que la definición sea interpretada en las leyes locales, dijo.
Propuso establecer un límite financiero a las obligaciones de pago de los municipios y entidades. El límite al endeudamiento sería actualizable anualmente, calculando los compromisos de pago en proporción a los ingresos susceptibles de comprometerse, es decir, la suma de los ingresos de gestión más las participaciones federales.
Serán los funcionarios fiscales de las propias entidades federativas, en acuerdo con el Ejecutivo federal, quienes propongan anualmente a las legislaturas locales una actualización del límite del endeudamiento, dejando intacta la potestad de resolver lo conducente a las legislaturas al momento de autorizar las Leyes de Ingresos y Egresos.
El perredista destacó la importancia de establecer garantías en todas las solitudes de endeudamiento que se envíen a los Congresos y a los ayuntamientos, con una anticipación de 60 días naturales. Además, si las obligaciones de una entidad o municipio alcanzan la mayoría de los ingresos señalados, se requerirá una mayoría calificada de dos tercios, tanto en el momento en que lo acuerde el ayuntamiento como al presentar el proyecto de Ley de Ingresos a la legislatura local.
Para concluir subrayó la necesidad de que se exceptúe al endeudamiento público de los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para transparentar la deuda y garantizar que prevalezca el conocimiento general de las deudas públicas, y con ello se evite condenar a futuras generaciones a la falta de oportunidades.