La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó presentar un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para exhortar a los gobernadores de Guerrero y Oaxaca a no dejarse presionar por la CNTE, ni por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
“La Jucopo acordó un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que será puesto a consideración del pleno el próximo jueves para exhortar a los gobernadores para que bajo ninguna circunstancia cedan a las presiones de ambos sindicatos, por una parte la CNTE y por otro lado, el SNTE”.
En conferencia de prensa, el vicecoordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, precisó que ambos mandatarios no deben dejarse ante las presiones que tendrían como objeto eliminar los efectos de la Reforma Educativa que ha sido ya publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero.
“La postura del PAN es clara, ni un paso atrás a la reforma educativa, ni un paso atrás ante la evaluación a los maestros y maestras de este país y por lo tanto el exhorto a los gobernadores de Guerrero y Oaxaca es que no cedan ante estas presiones”.
Respecto a la intención de que los congresos locales legislen sólo para sus estados reformas educativas que respondan a las demandas de los mentores, expuso que debe “ponerse por delante el bien superior del país que es la educación de las niñas y niños de México, y que digamos sí a la educación en nuestro país”.
En entrevista, el diputado del PRD, Fernando Zárate, también se pronunció en contra de que los gobernadores se dejen presionar y no deben responder a la demanda de los maestros que quieren poner en la legislación local disposiciones que contravienen a la Constitución, de acuerdo con la reforma educativa.
“Es absolutamente absurdo y demuestra una falta de control y una falta de autoridad que los propios gobiernos estatales, específicamente Guerrero y Oaxaca, estén bloqueando una reforma constitucional”.
La reforma a los Artículos 3 y 73 constitucionales en materia educativa, es la norma superior porque es la Constitución y obliga en todos sus términos a todas las autoridades y a los ciudadanos, expuso el legislador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Es un pacto político y es un pacto social, y si el gobernador de Guerrero pretende “dinamitar o bombardear” porque atenta contra su poder la reforma educativa, está poniendo en riesgo el pacto social que es la Constitución, remarcó.
Además, el legislador panista aseveró que si el mandatario de Oaxaca hace lo mismo, ponen en riesgo a la propia Constitución, que es un documento jurídico que todos los mexicanos debemos atender.
Los gobiernos de Guerrero y de Oaxaca son de extracción de izquierda perredista, pero eso no tiene nada que ver con acatar o no lo que mandata la Constitución, resaltó.
“Esto no tiene que ver que sean de un partido u otro, la reforma educativa es una reforma nacional, es una reforma a nivel constitucional, y es obligatoria para todos, incluyendo a los gobiernos de izquierda”, insistió.
Si se llegaran a aprobar las reformas en materia educativa en esas entidades y no acatan lo mandatado por la Constitución, los situaría en una responsabilidad con los Poderes de la Unión y también tendrían riesgo por la comisión de delito con responsabilidad penal.
Además, dijo, procedería a interponer tanto una acción de inconstitucionalidad, como también una controversia constitucional, además de delitos penales.
“La materia educativa es federal. Si los congresos locales emiten algunas normas, por supuesto que son inconstitucionales de origen, y por supuesto que sí se tendrían que controvertir, vía jurídica, pero sobre todo vía política”.
Es decir, que si algún Congreso local emite una norma en materia de educación, por supuesto que la Cámara de Diputados interpondría una controversia constitucional por invasión de facultades, y además, una acción de inconstitucionalidad por ser la propia norma local inconstitucional o contravenir a la Carta Magna”, concluyó.