Mientras que hoy se instala en San Lázaro la Comisión Especial sobre Casinos, cuyo objetivo será transparentar el manejo de estos negocios y la autorización de permisos, la Procuraduría General de la República (PGR) respondió la petición de la Cámara Baja para que informara sobre la probable existencia de una red de tráfico de influencias, aclaró que dicha información no sólo es confidencial, sino reservada.
Cabe recordar que el pasado 16 de enero, diputados solicitaron a la PGR iniciar investigaciones a fin de esclarecer los hechos sobre la probable existencia de una red de tráfico de influencias operada por ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación y vinculada con los operadores y permisionarios de casinos y casas de apuesta.
Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los legisladores Ricardo Monreal Ávila de Movimiento Ciudadano; Lilia Aguilar Gil del PT y Luis Espinosa Cházaro del PRD pidieron a la dependencia federal investigar a fondo esos hechos, a fin de que la Segob y la propia PGR informaran sobre la situación de estos negocios.
Ante lo cual el 31 de enero de este año, la PGR dio inicio a una indagatoria sobre la probable existencia de dicha red de tráfico de influencias operada por ex funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
En respuesta a los diputados la dependencia federal detalló que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, a través de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, fue la que inició esa indagatoria.
En documento remitió por la PGR a San Lázaro destaca sobre el contenido de las indagatorias, que no es posible abundar u ofrecer mayores detalles de la investigación, en virtud, de que “la información pertinente es de carácter no sólo confidencial, sino reservado”.
Lo anterior conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley Orgánica del Congreso General y la Ley Orgánica de la PGR.