Luego de darse a conocer la demanda interpuesta ante una corte en Nueva York, contra César Nava que detalla las labores del panista dentro de Pemex en 2002, en las que realizó una conspiración con las empresas para defraudar a la petrolera, el PRI y el PRD coincidieron en la necesidad de que se investigue.
Nava quien es acusado de participar presuntamente en una conspiración criminal de las empresas Siemens y SK Engineering para defraudar a Pemex durante las obras de reconfiguración de la Refinería de Cadereyta, debe ser investigado a fondo ya que "creo que es una denuncia y la denuncia quiere decir en términos estrictos noticia criminal. Ahora está a cargo la autoridad judicial de investigar y eventualmente fincar responsabilidades", indicó César Camacho, dirigente del PRI.
En torno a la información difundida por la corte norteamericana, el priísta subrayó que la denuncia presentada por Pemex en contra de Nava es preocupante pero es necesario esperar a que la autoridad judicial quien deberá pronunciarse.
"Si alguien tiene una responsabilidad de cualquier naturaleza, civil, administrativa o penal, que se le finquen responsabilidades", mencionó.
Por su parte, Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, enfatizó que si algún funcionario cometió acto de corrupción deberá ser castigado sin importar el color que enarbole.
"Nosotros estos exigiendo lo mismo en lo que se refiere a los programas de beneficio social, que no sean usados con fines electorales y deben ser sujetos de investigación y de establecimiento de responsabilidades en caso de que existan", apuntó.
Cabe recordar que “César Nava Vázquez impidió que Pemex cobrara varias cartas de crédito por 102.8 millones de dólares, con lo que sirvió como conducto para profundizar la empresa criminal de las demandadas”, versa el fragmento de la demanda.
Dicha denuncia fue presentada el 8 de mayo ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York.
En la denuncia también se incluye el testimonio de Peter Paul Muller, ex director jurídico de Siemens en México, quien testificó el pasado 6 de mayo durante ocho horas en la Procuraduría General de la República (PGR).
Aunque la nueva versión de la demanda de Pemex contra las empresas contratistas se difundió este martes, fue presentada desde el pasado 8 de mayo ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, y en la red de corrupción también se incluye al empresario Jaime Camil; a Luis Enrique Bouchot, ex director jurídico de Pemex Refinación, y a un legislador panista al que no identifica.
Según la querella, en mayo de 2002, César Nava, secretario particular de Felipe Calderón en los dos primeros años de su sexenio, ordenó a una subordinada, de nombre Lucía Munive, abstenerse de cobrar dos cartas de crédito por 102.8 millones de dólares, que servirían para compensar violaciones contractuales.
Se relató que la empleada viajó a Seúl, Corea del Sur, para cobrar las cartas de crédito, pero, tras aterrizar, fue abordada en el aeropuerto por un mensajero.
"El mensaje señalaba que, debido a nuevas instrucciones de Nava Vázquez, Munive no debía cobrar las cartas de crédito; de hecho, se le advirtió que si intentaba hacerlo, no solo sería despedida, sino que sería perseguida penalmente", indicó Pemex.
"César Nava Vázquez impidió que Pemex cobrara varias cartas de crédito por 102.8 millones de dólares, con lo que sirvió como conducto para profundizar la empresa criminal de las demandadas", agrega la demanda.
ACUSAN A OPERADOR DEL PRI
A esta cadena de denuncias, se sumaron habitantes de Cuautepec, perímetro de la delegación Gustavo A. Madero, quienes fueron marcados, en el antebrazo, como animales para garantizarles el acceso a los beneficios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Por el trato denigrante e indigno en contra de beneficiarios del Programa Oportunidades por parte de personal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), diputados federales y locales del PRD, presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Encabezados por el diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Alberto Martínez Urincho, también acudieron a la institución, los legisladores federales, Jhonatan Jardines Fraire, Fernando Ramírez Cuéllar e Israel Moreno.
Martínez Urincho denunció que habitantes de Cuautepec, perímetro de la delegación Gustavo A. Madero, fueron marcados como animales en el antebrazo. El sello –explicó- incluía el nombre de “Mario Conchado Casadero” y el folio “ 091050” . Con ello, el citado operador.
“Estos son los sellos, donde los marcaron como reses. Como si estuviéramos en el holocausto Nazi. Sellan a la gente y la condicionan precisamente para ser beneficiaros del programa y por eso venimos a este organismo autónomo pues confiamos en que nos dará garantías sobre las investigaciones”, señaló.
Ante los medios de comunicación, el legislador del partido del sol azteca presentó fotografías de las personas que indicaban la inscripción mencionada. “Es un trato indigno en contra de los habitantes con necesidades apremiantes”, manifestó en entrevista el diputado representante del I Distrito.
“El motivo por el cual convocamos a los reporteros es para presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en torno al mal manejo tendencioso y la forma en que se está ejecutando el programa nacional contra el hambre.
“Pero ha habido una serie de anomalías. En el caso concreto, el 3 de mayo se presentaron en la zona de Cuautepec unas personas de la Sedesol y estaban condicionando el registro de la gente necesitada a que tuviesen un sello registrado”, manifestó Martínez Urincho.
Aclaró que no permitirán que se juegue con el hambre de la gente. “No vamos a permitir que se esté manejando de manera electoral el programa”, enfatizó el perredista. “Por eso, le pedimos al gobierno federal que pare el programa aquí en la ciudad de México”, exigió previo a la presentación de la denuncia respectiva en las instalaciones de la CNHD en Periférico Sur.
Con ello, dijo, se está demostrando que el programa es vulnerable y que no está blindado pues cualquier persona o vecino puede hacer mal uso del mismo. Sostuvo que el único beneficiario del programa es el PRI, pues lo está manejando de manera electoral y no lo vamos a permitir.
Por su parte, el diputado Jhonatan Jardines aseguró que se están violando los derechos económicos y sociales del ciudadano que está en extrema pobreza. Y es que mencionó que no hay personal especializado en Sedesol para desarrollar los estudios y trámites correspondientes.
Ante ello, solicitó la destitución de los funcionarios que están operando la Cruzada Nacional contra el Hambre de manera clientelar. Incluso, adelantó que su partido solicitará que la Comisión Permanente llame a comparecer a la titular de la Sedesol, Rosario Robles y al delegado de la dependencia en el Distrito Federal.