A pesar de las denuncias que hemos presentado para evitar que los gobernadores, los servidores públicos incidan en las elecciones así como las solicitudes, exigencias y demandas que se han hecho al Gobierno federal en el marco del adéndum del Pacto por México, los delitos electorales continúan y la impunidad cínicamente campea por el territorio nacional.
La vencida y desvencijada capacidad de indignación de los medios y de los ciudadanos propicia el enseñoramiento de la corrupción, el fraude y la impunidad.
Estas denuncias las logramos recopilar no sólo gracias al trabajo de nuestras estructuras en las entidades o de nuestros Comités sino también gracias a la participación de ciudadanos, cansados de ver cómo se manejan las estrategias del PRI en los estados y cómo se articulan redes para ganar a la mala las elecciones; un mal que por desgracia se perpetúa en el escenario político nacional.
Fue gracias a un ciudadano, que envió por medio de la aplicación “Denúncialos”, publicada en nuestra página de internet, cómo pudimos constatar la forma en que una camioneta de Ciudad Victoria, Tamaulipas, transportaba impunemente propaganda del PRI.
Por eso continuamos haciendo una abierta invitación para que todos los ciudadanos denuncien estos actos durante estos 27 días que aún restan de campaña, ya sea por cualquier vía directa o por la vía de nuestra página de internet.
En el recuento del día de hoy, presentaremos denuncias en siete estados donde se exhiben estas prácticas antidemocráticas: Baja California, Aguascalientes, Coahuila, Tamaulipas, Quintana Roo Durango, y de nueva cuenta el estado que se encuentra en primer lugar de denuncias, el estado de Veracruz.
Entre los casos más emblemáticos que denunciaremos el día de hoy está lo que denominamos el “Cemexgate”, una red tejida por el PRI para entregar cemento y materiales de construcción a los operadores del PRI durante los periodos de campañas. Estos materiales de construcción son contratados y pagados por los gobiernos estatales, pero son entregados directamente a los operadores de los candidatos.
Otro más, que es el que quedará al descubierto por medio de una red de operación de cheques y contratos de adjudicación directa, un sistema de financiamiento de campañas priistas por parte del Gobierno de Veracruz, donde incluso se revelan cínicamente en los contratos la compra de “playeras, sombrillas, delantales y gorras rojas del PRI”.
Tal vez el más indignante es el que pone al descubierto una red de asociaciones de apoyo a personas con capacidades diferentes y asociaciones de apoyo a niños con síndrome Down, estas asociaciones son fondeadas por el Gobierno estatal y entregan cheques personales a Fidel Herrera por 11 millones de pesos, por lo cual pediremos que se investigue y de comprobarse esta acusación, se proceda con todo el peso de la ley caiga quien caiga.
También damos seguimiento a las mesas instaladas en los estados para preservar el entorno político rumbo a las 14 elecciones estatales, de las cuales Zacatecas y Aguascalientes no se han llevado a cabo, a pesar de que hay denuncias en puerta; y en el resto únicamente se han reunido en dos ocasiones. Incluso, en Sinaloa también sigue el mismo funcionario designado por Gobernación, cuya parcialidad ya demostramos.
El pasado 29 de mayo, nos reunimos con el Secretario de Gobernación y los gobernadores para hacerles un llamado a fin de frenar estas prácticas; sin embargo, veo con tristeza que la democracia no les interesa y que la impunidad tienen fuertes patrocinadores en el Gobierno federal y que se agrava en los estados gobernados por el PRI desde su fundación hasta nuestros días.
Con estas denuncias ya sumamos 47 en total, que demuestran cómo se ha refugiado en los estados las prácticas clientelares, autoritarias y corruptas y que se opera el fraude como si fuera un sistema.
Vemos con preocupación que comienzan a tomar confianza, al descararse y a actuar sin ningún recato para tratar de ganar a la mala ahora que su partido despacha desde el Gobierno federal.
Nos alarma también la parálisis de las investigaciones, porque a pesar de las pruebas evidentes, no se ha citado a comparecer a los presuntos responsables, no se ha dictado auto de formal prisión contra nadie y ni siquiera se ha retirado de sus cargos a las cabezas intelectuales de estos delitos.
Por esta razón, nuestro partido Acción Nacional exige que las fiscalías y todas las instancias encargadas de garantizar la equidad en esta contienda electoral realicen con objetividad y rapidez su trabajo para proteger a los mexicanos de los delincuentes que pretenden robarle la libertad y el voto.
Daremos seguimiento puntual a cualquier intento del PRI, de sus delegados, de los funcionarios, de los servidores públicos, de gobernadores de intentar comprar la democracia y seguiremos dando un marcaje personal a cada uno de los actores involucrados en estos ilícitos.
No cejaremos en nuestro esfuerzo de ver a los responsables pagar las consecuencias de sus actos.
Los importantes triunfos electorales que tendrá el PAN en las elecciones del 14 de julio se darán a pesar de estas prácticas y de la utilización de los recursos del estado para favorecer a los candidatos del PRI.
Convocamos a los ciudadanos para que con su voto venzamos la impunidad que el Gobierno le está otorgando a estos delincuentes.