La senadora Angélica de la Peña presentó ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República la propuesta de creación de una Ley General para Promover la Igualdad y la Protección de los Derechos de las Personas de la Diversidad Sexual.
Esta Ley beneficiaría 11 millones de miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transgénero, Travesti, Transexual e Intersexual (LGBTTTI), quienes gozarían de derechos dentro del marco jurídico con igualdad de condiciones sin discriminación, protegidos por autoridades de los tres niveles de gobierno.
Dentro de los puntos que aborda, resalta el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, es decir indefinición de identidad de género, a la cual no se le puede negar el registro para la obtención de un acta de nacimiento.
En ese mismo punto se debe de contemplar la expedición de un acta en correspondencia a la asignación de género del individuo para la concordancia sexo-genérica; sin que sean obligados a practicarse cirugías plásticas o terapia hormonal para ser reconocido legalmente.
Contempla también los beneficios laborales como: licencia por maternidad o paternidad, por desempleo, seguro, cuidados de salud (incluidas las necesarias para la reasignación de la identidad para la concordancia sexo-genérica), funerarios, pensiones y beneficios relativos a la pérdida de apoyo para cónyuges como resultado de enfermedad o muerte.
La seguridad social es parte de la Ley propuesta donde IMSS, ISSSTE y el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, estarán obligados a presentar servicios y atención médica que les ha sido negada.
“Es necesario que sigamos reformando nuestro marco jurídico para garantizar que desde las dependencias encargadas de las políticas públicas y las acciones gubernamentales se logré el respeto irrestricto de estos derechos y asegurar que no sufran ninguna violación como, por desgracia, sigue aconteciendo a lo largo y ancho del país”.
La iniciativa de ley garantizaría los siguientes derechos: a formar una familia, a la vida, a la no discriminación, a la privacidad, a no ser detenido arbitrariamente, al debido proceso, a no ser sometido a torturas o tratos inhumanos, contra todas las formas de explotación y trata de personas, al trabajo, a un nivel de vida digno, al más alto nivel posible de salud, protección contra abusos médicos y a participar en la vida pública, entre otros.