El número de mujeres recluidas en cárceles de México, aumentó en un 175 por ciento de 1997 al 2012, informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El documento del organismo autónomo indica que el aumento en el número de mujeres presas en los últimos 15 años, también ha generado una mayor situación de vulnerabilidad para las 11 mil 901 mujeres internas en los distintos centros penitenciaros del país, de las cuales, 74 por ciento enfrentan procesos del fuero común y 25 por ciento del fuero federal.
En su análisis, la CNDH apunta que las serias deficiencias, carencias materiales, mala atención médica e inadecuada asistencia jurídica a las mujeres encarceladas, lesionan aún más sus derechos, puesto que se ven obligadas a compartir espacios con los varones, sufrir los estragos de la sobrepoblación penitenciaria y pasar revisiones humillantes en que son obligadas a desnudarse, incluso al ingreso de los juzgados.
Agrega que de los 418 centros de reclusión en el país, solo 10 son exclusivos para mujeres y dan cabida a un total de 4 mil 189 internas. Las otras 7 mil 712 presas y sujetas a proceso judicial, se distribuyen en 69 centros de retención mixtos.
Tras puntualizar que un total de 377 menores de edad viven junto con sus madres en reclusión, la CNDH destaca que las condiciones de higiene, alimentación y seguridad son ínfimas, pues las internas deben dormir en el suelo, no tienen acceso a servicio médico general ni especializado, no reciben una alimentación adecuada ni cuentan con medidas de higiene mínimas.
Las sanciones y medidas disciplinarias que se les aplican dentro de los penales, son violatorias de los derechos humanos, establece el informe especial, puesto que no se notifican por escrito ni se lleva un registro de las mismas, aunado a que incluyen la suspensión de las visitas familiares e íntimas.
La comunicación del órgano defensor, agrega que en los penales de Santa Martha Acatitla y Tepepan, en el Distrito Federal, así como las cárceles de mujeres en Jalisco y Querétaro; en Nogales, Sonora y Cieneguillas, Zacatecas, las reclusas “no tienen derecho a audiencia”.
En sitios como las Islas Marías, añade el estudio, las sanciones son acumulables y van desde el aislamiento temporal, hasta la restricción de llamadas telefónicas con familiares. También se les obliga a desnudarse y hacer sentadillas, para pasar las revisiones de ingreso y de rutina.
En el centro Noroeste, ubicado en Tepic, Nayarit, los castigos llegan hasta 180 días sin salir de su celda, se les retiran los productos que compran en la tienda, en tanto que se les obliga a quitarse los uniformes y permanecer en ropa interior, mientras se hacen las revisiones rutinarias, apunta la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El reporte especial añade que en materia de atención médica, en la gran mayoría de los centros penitenciarios es mala o no existe, como en Apizaco, Tlaxcala; en tanto que, en el centro Tepepan, del DF, no hay instrumental médico.
En cuanto al hacinamiento y sobrepoblación, que son comunes en todos los penales, un caso emblemático, apunta la CNDH, es el Centro Preventivo de Reclusión Femenil de Guadalajara, Jalisco, que tiene 505 internas, equivalente al 97 por ciento de sobrepoblación, lo que obliga a todas las internas del “Dormitorio B” a dormir en el suelo.
El cúmulo de irregularidades en los centros penitenciarios, puntualizó la CNDH, violan distintas normas nacionales e internacionales en materia de respeto a los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad, referentes a la reinserción social, igualdad, trato digno, protección de la salud, legalidad y seguridad jurídica.
La discriminación de género está presente en todas las cárceles, en su estructura, normas internas y clasificación de la población, pues las presas indígenas, se calcula que son 290, sufren una doble agresión, en particular por su lenguaje.
Ante tales condiciones, la CNDH planteó una serie de propuestas a gobernadores, al Jefe de Gobierno del DF y al Comisionado Nacional de Seguridad, adscrito a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), para que revisen la política penitenciaria que aplica en el país.
El planteamiento del organismo autónomo, subraya la necesidad de dar enfoque de género a la política penitenciaria, no permitir la existencia de cárceles mixtas, contar con personal de custodia femenino, aplicar programas de capacitación permanente a directivos, técnicos, administrativos y personal de custodia.
Pide proteger la seguridad y derechos de los 377 menores que viven con sus madres en la cárcel, brindar servicio médico oportuno y especializado, garantizar actividades educativas, deportivas y laborales; así como elaborar manuales de procedimientos específicos para regular la aplicación de sanciones y correctivos.
Se debe evitar la tortura, trato cruel, inhumano y degradante a las internas; usar de manera racional la fuerza y contar con protocolos de seguridad para atender casos de contingencias o motines, agrega.