Las jornadas electorales del pasado 7 de julio, celebradas en 14 entidades del país, reflejan la urgente necesidad de avanzar desde el Congreso de la Unión en una verdadera reforma política, que fortalezca el modelo de pesos y contrapesos en el ejercicio de la función pública, dote de mecanismos de prevención y sancionatorios a las instancias electorales y, sobre todo, profundice la participación de la ciudadanía en las tareas y quehaceres públicos, aseguró el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa.
Actualmente es notoria la desconfianza de la sociedad hacia sus autoridades, mientras que la suplantación de funciones públicas, en el mejor de los casos, es a través de organizaciones emanadas de la sociedad; mientras que en el peor de los casos es por medio de grupos fuera de la ley.
“Las viejas prácticas no se han ido nunca, sólo han agudizado la crisis de representatividad que tienen las autoridades en nuestro país, ante los escenarios de manipulación electoral, que se dan antes, durante y después de los procesos electivos”, señaló Barbosa Huerta.
Destacó que varias prácticas se repitieron hasta el "hartazgo" como los intentos de los gobernantes de influir en los resultados electorales, rebase de topes de campaña, inequidad de procesos y el manejo imparcial de los candidatos oficiales por los medios de comunicación.
Agregó que los comicios recién celebrados no pasan la prueba democrática pues no se cumplieron los requisitos mínimos, pero que estos hechos no sólo deben de quedar en denuncias y llamados al respeto de los resultados, sino que quienes cuentan con las facultades para crear un cambio deben de tomar acciones al respecto.
Hizo énfasis en que el modelo interinstitucional que se tiene actualmente no corresponde con las necesidades que tiene un país democrático, por lo que -continuó- los senadores del PRD deben de transitar hacia reformas en materia política que constituyan un avance al diseño de un país democrático.
Fue con ese propósito que el 27 de mayo pasado se anunció el inicio de los trabajos para la elaboración de una iniciativa de reforma política de gran calado, entre el PRD y el PAN, misma que en los próximos días será presentada con toda formalidad ante el Congreso de la Unión.
El resultado es una reforma política que contempla en 31 temas las siguientes puntos a tratar: fiscalizar los gastos electorales, bajo el principio de oportunidad para evitar la asunción del cargo del candidato infractor, así como la nulidad de las elecciones por dicha causa, y el impedimento de los transgresores para participar en el proceso subsecuente; y, prevenir el conflicto de intereses de candidatos con grupos económicos preponderantes destinatarios de la norma.
Fortalecer el esquema sancionatorio penal con descripciones más precisas y mayores penas según la gravedad del delito; regular las encuestas en las campañas para asegurar que sean ejercicios profesionales e impecables en cuanto a su metodología; asegurar la igualdad de representación de hombre y mujeres en los cargos electivos; reglamentar la participación de candidatos independientes, los mecanismos de consulta popular como el referéndum, el plebiscito y las iniciativas ciudadanas ante el Congreso de la Unión.
Asimismo, establecer la segunda vuelta electoral que fortalezca la legitimidad del candidato que resulte electo; crear la figura de gobiernos de coalición que incluye la designación por parte del Congreso de la Unión de un Jefe de Gabinete; dotar de competencia al Congreso para la moción de censura, y las sesiones de control efectivo hacia el poder ejecutivo; crear la figura de iniciativa razonada; dotar de autonomía constitucional de la PGR Y FEPADE; dar competencia al Congreso para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad y los tratados internacionales en materia de seguridad; establecer la reelección legislativa y de autoridades municipales; y eliminar el fuero o inmunidad procesal a altos funcionarios.