El Gobierno federal propuso una reforma energética que busca seducir a capitales privados con contratos de utilidad compartida en los sectores petrolero y de gas para impulsar la estancada producción, pero sin ceder la propiedad estatal de los hidrocarburos.
Para eso, el presidente Enrique Peña Nieto propuso modificar dos artículos de la Constitución referidos al dominio y rectoría de los hidrocarburos, y a los monopolios, que hoy prohíben al Estado celebrar contratos y concesiones con empresas privadas en el sector energético, visto como un ícono de soberanía.
Si la controvertida reforma -que abarca también al clave sector eléctrico- es aprobada por el Congreso se convertiría en la mayor apertura del sector energético de México en décadas, después de que el sector fuera nacionalizado en 1938.
La reforma propone contratos de "utilidad compartida" entre el Gobierno con la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y/o particulares para las actividades hasta ahora reservadas de exploración y extracción de crudo y gas.
Además establece "permisos del Gobierno" con Pemex y/o particulares para refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento, de los que no se brindaron mayores detalles.
Pero excluye las concesiones y los esquemas de producción compartida, que son considerados por las grandes empresas privadas de energía como los modelos más jugosos.
"La reforma no impulsa o considera contratos de producción compartida, lo que busca es facilitar al estado contratos de utilidad compartida que permitan la Nación mantener el control absoluto sobre el petróleo", dijo Peña Nieto.
Una vez que los operadores produzcan petróleo o gas recibirán un pago por sus actividades, dice la iniciativa. Y ellos a su vez desembolsarán impuestos al Estado mexicano, pero no se precisa ni el tipo de tributos ni las tasas a aplicar.
Pemex, una de las mayores productoras de crudo en el mundo, lucha por elevar la estancada producción de crudo de 2.5 millones de barriles por día (bpd), tras haber alcanzado un récord de 3.4 millones de bpd en el 2004.
"Ciertamente se está concluyendo para México la era de los yacimientos gigantes en aguas someras que representaron petróleo abundante y con bajos costos de extracción", dijo el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, durante la presentación.
El presidente mexicano asegura que la reforma energética y la iniciativa fiscal en camino -que se suman a otras ya aprobadas- son imprescindibles para modernizar a la segunda economía de América Latina y llevarla a crecer al menos a un ritmo del seis por ciento anual.
De acuerdo con el documento de la propuesta, si la reforma se aprueba aportaría a México un punto porcentual adicional de crecimiento económico para el 2018 y dos puntos para el 2025. Y la producción petrolera subiría a 3.0 millones de bpd en el 2018 y a 3.5 millones de bpd al 2025.
La bolsa y la moneda de México caían tras la presentación de la iniciativa, algo que analistas atribuían a la decepción de algunos inversionistas que esperaban cambios más audaces.
"Puede que no sea suficiente (...) puede que sea una mejora del esquema legal actual, pero no sé si será suficiente para hacer que México sea atractivo a un nivel global", dijo Marcelo Mereles, socio de la consultoría EnergeA.
REESTRUCTURACION EN PEMEX
Pemex podrá concursar con otras empresas locales o extranjeras en licitaciones de nuevos yacimientos lanzadas por la Secretaría de Energía, comentó el jefe de la petrolera estatal, Emilio Lozoya, en una entrevista radial.
La reforma también propone corregir el régimen fiscal de la estatal -que alimenta con casi el 70 por ciento de sus ingresos más de un tercio del presupuesto nacional- pero no dio detalles más allá de reducir el pago de derechos y convertir una parte de ellos en dividendos para el Estado.
De prosperar la iniciativa, Pemex sería reestructurada en dos divisiones desde las cuatro actuales: una de exploración y producción, y otra de transformación industrial.
En cuanto al sector eléctrico, la reforma busca abrir la participación de particulares en la generación mientras el Estado mantendrá en exclusividad el control del sistema eléctrico, así como las redes de transmisión y distribución.
El Gobierno asegura que los nuevos contratos en el sector estarán a la vista de todos los ciudadanos, en un país donde las denuncias de corrupción son frecuentes y raramente se inician investigaciones.
Aunque las discusiones sobre la reforma podrían prolongarse en el Congreso, el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) coincide con el aliado Partido Verde y el opositor Partido Acción Nacional (PAN) en los principales puntos de la propuesta.
Entre las tres agrupaciones podrían aprobar la iniciativa aún sin el apoyo del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que se opone a rajatabla a una modificación de la Carta Magna.
El líder del PRD, Jesús Zambrano, ratificó el lunes esa postura y dijo que esta semana el partido presentará su propia iniciativa.
Pero incluso legisladores del PAN no estuvieron convencidos con el alcance de la reforma. La agrupación había abogado por abrir el sector energético a las concesiones.
"Es corta (la reforma propuesta)... No tiene el efecto modernizador que tiene la nuestra y vamos a sentarnos a revisar y dialogarla y ver cómo podemos obtener las mayorías posibles para la mejor reforma posible", dijo Juan Molinar.